El juzgado de instrucción número 3 de Santiago acordó el pasado 19 de febrero que se reabra el proceso que enfrenta a la comunidad de propietarios del edificio con números 37, 39 y 41 de la rúa Betanzos, por una parte, y a la promotora Mallón Vilas, por otra, además de a los técnicos municipales que visaron una obra que, según los afectados, tiene graves deficiencias.
El magistrado Luis Aláez Legerén atiende así el recurso presentado por los vecinos contra el archivo de la causa, y acuerda su continuación para que se practiquen las siguientes diligencias: Por un lado, requiere a los vecinos que presenten en el juzgado sus contratos de compra-venta de viviendas y anexos; pide también al Concello de Santiago que aporte testimonio de los expedientes de otorgamiento de licencia de obras y de la licencia de primera ocupación del inmueble; y, una vez que el juzgado tenga esta documentación, el magistrado dice que se acordará «el oportuno informe pericial, en los términos que se expondrán en su momento y las demás diligencias derivadas y necesarias. El mismo juzgado número 3 había acordado el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones con fecha 20 de enero de 2010, a petición del fiscal, decisión que ahora revoca atendiendo al recurso de reforma presentado por los afectados.
Precisamente, una de las irregularidades denunciadas por los afectados, y que tiene que ver con la inexistencia de un muro de contención en un talud colindante con el edificio, cobra actualidad de nuevo: los propios vecinos han realizado una serie de fotografías -una de las cuales ilustra esta información- en las que se aprecian los desprendimientos que se han producido a causa de los últimos temporales, y que suponen un peligro tanto para las personas como para vehículos y para el propio inmueble. Las plazas de garaje diez, once y doce del citado inmueble se encuentran en un patio trasero al que cae directamente el material que se desprende.
En su denuncia, la comunidad señalaba que la planta sótano del edificio no se corresponde para nada con la que en su día se aportó de los planos y que, teóricamente, fue inspeccionada por el servicio municipal de urbanismo. Plazas de aparcamiento que no cumplían, según los afectados, las medidas mínimas exigidas, menguadas algunas por la invasión de pilares; maniobras imposibles para estacionar; o zonas de aparcamiento que es necesario pisar para poder acceder al garaje son también problemas que señalan los vecinos, cuya cruzada se reabre una vez estimado su recurso por el juez.
Para los afectados, tal cantidad de irregularidades no pudio pasar desapercibida para los técnicos municipales que visaron e inspeccionaron la obra, de ahí que hiciesen extensiva su denuncia a dos arquitectos municipales.
Pese a las reiteradas quejas de los vecinos ante el peligro que suponen los desprendimientos producidos en el talud, el Concello de Santiago decidió archivar el expediente contra la promotora y poner fin así a la vía administrativa.
Ahora, sin embargo, el juez estima el recurso frente al sobreseimiento decretado por no apreciarse indicios de prevaricación. «No es suficiente para tal decisión -señala- que un informe elaborado por un técnico del Concello de Santiago manifieste que no existen tales discordancias, dada la implicación de otros técnicos del mismo ente en los hechos denunciados y más cuando no contradice el informe de los denunciantes con detalle, limitándose a afirmar de modo genérico que la documentación de la obra cumple con la normativa de aplicación en el momento de concesión de la licencia».