Unos mil niños ingleses de hasta 10 años considerados como problemáticos tendrán que firmar un contrato de buen comportamiento en lo que pretende ser un intento de reducir las futuras cifras de criminalidad. «Lo que estamos intentando es evitar que la espiral del mal comportamiento conduzca a estos niños a ser futuros criminales», indicó el ministro para la infancia, Ed Balls, al presentar el programa Proyectos de intervención familiar , que cuentan con un fondo de 283 millones de euros.
La situación que busca prevenir este proyecto es que los niños pasen de cometer pequeños delitos a otros más graves y, a partir de ahí, desarrollen un comportamiento antisocial y alcancen un récord criminal.
Parte del programa incluye el apoyo personal de un asistente social que ayudará a estos niños con problemas específicos, tales como la drogadicción. Estos jóvenes problemáticos se verán forzados a firmar un contrato de buen comportamiento « no negociable». Si no aceptan rubricar este documento, tendrán que hacer frente a una orden judicial sobre comportamiento antisocial o a una orden de apoyo individual, lo que les obligará a ser asesorados individualmente por asistentes sociales distribuidos en veinte centros por toda Inglaterra y durante los próximos tres años.
Según el Gobierno, estos adolescentes son ya conocidos por su mala conducta por diferentes organismos locales y por el sistema judicial, pues ya están procesados o en camino de serlo. Muestran un agudo problema de abuso o están sin hogar o en riesgo de quedarse sin él. «Al final del día -indicó el ministro-, si los jóvenes o sus familias no aceptan la ayuda para cambiar su comportamiento, se aplicarán las órdenes de comportamiento antisocial; la prevención es la mejor manera de evitar futuros criminales».
La semana pasada, un experto de Scotland Yard sugirió que se cree un banco de datos con el ADN de los alumnos de primaria cuyo comportamiento indique que podrían delinquir en el futuro. Gary Pugh, director forense de la Policía Metropolitana, abrió el debate sobre hasta dónde pueden llegar las atribuciones de las autoridades.
dónde deberían poder llegar