La crisis económica aprieta a Francia y los ajustes aplicados por el presidente Nicolas Sarkozy también afectan a los inmigrantes. ¿El objetivo? Expulsar cada año, bien mediante retornos voluntarios o a la fuerza, a 27.000 inmigrantes que se encuentren en situación irregular. La orden se la ha dado a su nuevo ministro de la Inmigración, Eric Besson, al que ha marcado una hoja de ruta tendente a «reforzar la lucha contra la inmigración irregular e insistiendo en particular sobre la represión del tráfico». Sarkozy le pide que «consolide los éxitos» de su predecesor, Brice Hortefeux, y le fija nuevos objetivos, como la detención de 5.500 sin papeles a lo largo de este año con vistas a su expulsión.
«En el contexto actual de empleo y teniendo en cuenta una tasa de paro del 22,2% de los extranjeros no comunitarios, hay que descartar con firmeza cualquier perspectiva de una recuperación global, masiva e indiferenciada de la inmigración laboral», argumenta el jefe de Estado en una toma de decisión que ha adelantado el periódico Le Monde .
A ese respecto, precisa que el recurso a la inmigración laboral se debe hacer «únicamente con dos objetivos precisos»: cuando las empresas de un sector tienen dificultades estructurales y duraderas para encontrar mano de obra y cuando se trata de atraer a personas cuya venida favorecerá el «dinamismo y la creación de empleos» en el país.
El jefe del Estado encarga a Eric Besson que haga hincapié en la «política de integración». Esta nueva política debe sustentarse, a juicio del presidente galo, en «tres pilares esenciales»: el inmigrante ha de asumir la lengua francesa y los valores republicanos, tiene que trabajar y disponer de una vivienda.
En esa línea, el ministro debe trabajar en medidas para combatir las discriminaciones «de las que son a menudo y demasiado frecuentemente víctimas» los inmigrantes en el terreno laboral, subraya Nicolas Sarkozy.
Protestas y caceroladas
El ministro de Inmigración, Eric Besson, también ha sido invitado por Sarkozy a colocar en el corazón de su acción de Gobierno «la promoción de la identidad nacional».
Tras las diferentes reformas sobre inmigración llevadas a cabo por el Gobierno conservador galo, el código de entrada y estancia de extranjeros en Francia prevé en uno de sus artículos hasta cinco años de cárcel y 30.000 euros de multa a «cualquier persona que, directa o indirectamente», ayude a un indocumentado. En protesta contra esta norma, Francia vivió ayer una jornada de protesta ante los tribunales, con caceroladas incluidas.