Estamos los ciudadanos realmente dispuestos a asumir los costes ambientales que generamos? Suponga que a partir de ahora nos encontramos ante el siguiente escenario: cada uno de nosotros debe comprar en el mercado de carbono permisos de emisión de CO2 en función de datos objetivos de su actividad socioeconómica, como el kilometraje de su automóvil o los billetes de avión que adquiere. Además, las cargas fiscales sobre actividades como el consumo de agua o de energía eléctrica pasan a tener tipos impositivos acordes con sus costes ambientales, multiplicando sus cuotas tributarias por ejemplo por más de diez. Además, como dentro de poco en algunos bienes de consumo conoceremos su huella ecológica, un mayor compromiso ambiental de los consumidores debería hacer que se discriminase favorablemente el consumo de productos con una huella menor aunque tuviesen un precio superior.
Por su parte, las empresas deberían aceptar unos impuestos sobre emisiones con unos tipos impositivos también ajustados al coste ambiental que generan en sus propios procesos productivos. En este escenario, los diferentes gobiernos tendrían un aumento de su recaudación fiscal, que deberían aprovechar para reducir los elevados tipos impositivos que gravan el trabajo y el ahorro, consiguiendo así que los contribuyentes tengamos más cargas fiscales por producir costes externos y menos por generar crecimiento y bienestar.
Todo lo comentado es factible en la práctica: la creación de una especie de ración de carbono para los ciudadanos ha sido propuesta, sin demasiada convicción, por David Miliband cuando era Secretario de Medio Ambiente del Gobierno británico y el intercambio de impuestos ambientales por impuestos sobre la renta no es más que la idea central de las reformas fiscales verdes que están poniendo en marcha, tímidamente, los países nórdicos. Mientras no se aborden estas cuestiones la llamada política ambiental no será más que una mera operación de maquillaje destinada a que los gobiernos parezcan más bellos ante la opinión pública.