Los jueces de Vigo deben examinar este año entre un 30% y un 50% más de demandas que presentan los bancos y las financieras de créditos rápidos contra los clientes que no pagan las cuotas de su hipoteca. Estas denuncias se denominan procedimientos de ejecución de hipotecas y son estudiadas por diez tribunales de Primera Instancia.
Estas cifras las aporta el decano del Colegio de Procuradores de Vigo, Jesús González-Puelles, quien solicitó recientemente una estadística comparativa del primer semestre del 2006 y del 2007 de dichos procedimientos civiles0.
Cada juzgado recibe una media de uno o dos procedimientos de este tipo cada trimestre pero, en algunas oficinas, ya supera los tres asuntos. En algunos tribunales, los seis primeros semestres del año 2006 registraron tres casos y en el 2007 ya están en cinco. «Se trata de un leve aumento; nada que ver con lo que ocurría antes de 1992 donde se notaba la crisis», confirma un secretario consultado. Otros juristas no se atreven a decir que aumentan estos movimientos y aseguran que «todo sigue igual». Otros juzgados prevén que la subida del euríbor empezará a notarse «en dos meses», a finales de año.
Jesús González-Puelles considera que el aumento de procedimientos para reclamar el pago de las cuotas de la hipoteca «llega al 50% y superará los cien casos este año. Esto demuestra que hay una crisis económica». El jurista teme que «si en una época de bonanza como la actual hay pleitos, ¿qué pasará si llega la crisis?». Posiblemente, habrá insuficiencia de jueces para atender las demandas.
Los procesos de ejecución de hipotecas duran cuatro meses como máximo. Los bancos esperan a que el hipotecado deje sin pagar tres cuotas seguidas y entonces envían la documentación al juez. Si se trata de un particular que reside en una vivienda habitual, el juzgado le concede la oportunidad de ponerse al día con los pagos y abonar las costas por el retraso. «Casi todos pagan para no perder la casa», dice González-Puelles. «Las financieras reclaman con mayor frecuencia y más de prisa que los bancos; a veces, al primer impago», añade.
Quienes no pueden hacer frente a las facturas se ven abocados a entregar sus viviendas al juez, que son subastadas para resarcir al acreedor. «De momento, no apreciamos ningún aumento de las subastas», confirman todos los juristas consultados.
González-Puelles también ha detectado otro incremento de procesos judiciales paralelos que tienen relación con la vivienda. Se trata del aumento de pleitos por desahucio: cada vez hay más inquilinos que deben la renta del alquiler. El casero tiene que esperar casi un año para desalojar al moroso de su piso porque, según los juristas, la tramitación es lenta.