El cambio de gobierno no traerá aparejado modificación alguna en la política municipal de intentar salvar de la piquetas los numerosos grandes proyectos urbanísticos ya ejecutados cuya licencia ha sido anulada por los tribunales. El alcalde vigués confirmó ayer que intentarán que el nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) los devuelva a la legalidad por un motivo eminentemente pragmático: evitar el pago de indemnizaciones que harían quebrar las arcas municipales. De esta forma, el gobierno de coalición PSOE-BNG da continuidad a la política que en este campo mantenía el anterior del Partido Popular.
La medida está pendiente de materializarse desde hace tiempo ya que el Concello lleva mucho retraso en la tramitación del nuevo planeamiento. En cualquier caso, supone un balón de oxígeno para las cerca de 2.000 familias afectadas cuyos pisos llevan en algunos casos muchos años en situación de ilegalidad.
De otra parte, el Concello es consciente de que envía un mensaje perverso en lo que a la puesta en valor de la disciplina urbanística se refiere. También provoca malestar en aquellos propietarios de viviendas unifamiliares con órdenes de derribo, aunque lo cierto es que en la práctica la piqueta no actúa nunca en la ciudad.
Desde el punto de vista del alcalde «la licencia es una barbaridad política y un hecho lamentable, pero la sentencia es de muy difícil ejecución. A los contribuyentes vigueses le saldría muy caro el cierre de este hipermercado; el coste sería inimaginable».
Pese a ello, el máximo responsable municipal evitó dar cifras concretas de lo que podría suponer correr con el coste de derribar Finca do Conde ni de los demás proyectos que se encuentran en la misma situación..
Igualmente, dejó claro que en ningún caso se plantean hacer excepciones en actuaciones ilegales en las que el Concello pueda no tener responsabilidad. En concreto, en algún momento se pensó en el derribo de los apartoteles de Samil como mensaje a los ciudadanos de que no todo vale en este campo.