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El hijo del dueño de Marbar cierra un supermercado en el centro de A Cañiza

La Voz

VIGO

La CIG continúa con la tramitación de la demanda colectiva de 49 trabajadores de la firma tomiñesa

30 ene 2008 . Actualizado a las 02:00 h.

El efecto dominó desatado por la crisis del grupo de empresas Marbar ha afectado también al sector comercial de A Cañiza. El hijo del empresario tomiñés que desde el pasado día 21 está en paradero desconocido tuvo que cerrar el lunes las puertas del supermercado Aliprox.

Esta superficie comercial, de 250 metros cuadrados, ubicada en la calle Progreso, había sido inaugurada a finales del 2006 y daba trabajo, según afirmaron vecinos de la zona, a seis empleados que, al parecer, han perdido su puesto una semana después de la desaparición de Manuel Martínez Barros.

El supermercado está ubicado en una céntrica galería que construyó el grupo Marbar. La noticia cogió por sorpresa a los trabajadores pese a conocer la desaparición del fundador del grupo empresarial. El martes pasado las cajeras de este establecimiento manifestaron no estar preocupadas por su futuro laboral al entender que «no estamos vinculadas directamente con Manuel Martínez».

Sin embargo, algunos allegados, aseguraron que el empresario había puesto recientemente a nombre de su hijo el negocio.

El establecimiento no era de las más grandes del municipio, que, en la actualidad, ya cuenta con otras dos grandes superficies y su localización, dentro de unas galerías poco transitadas, según algunos vecinos, «hacía que no tuvieran una clientela fija».

Estos seis trabajadores engrosan la larga lista de afectados por la crisis de Marbar en A Cañiza. Entre los negocios de este municipio que han sufrido las consecuencias de la desaparición del grupo, se encuentran además establecimientos hosteleros, inmobiliarias y proveedores, así como propietarios y empresas subcontratadas.

Nadie se ha aventurado aún a cifrar la deuda que deja tras de sí la crisis de Marbar aunque las primeras valoraciones apuntan a cantidades millonarias que superarían los 25 millones de euros. Los abogados de la CIG, que defenderá a 49 de los 56 trabajadores del grupo que firmaron el poder notarial para ser representados a todos los efectos legales por la asesoría jurídica del sindicato nacionalista continúan trabajando para presentar la demanda colectiva por despido improcedente mientras los trabajadores mantienen su encierro para proteger el resto de los bienes de la nave central.