La Casa de Acollida cerró ayer sus puertas en medio de la polémica ante la precipitación de la medida antes de que se ponga en marcha una alternativa para las mujeres víctimas de violencia de género.
El gobierno municipal asegura que en septiembre se abrirá un nuevo centro de emergencia y que mientras llega ese momento buscará soluciones individuales para cada caso, que pasarán por acogidas en pisos o residencias con ubicación secreta.
Una visión bien diferente a la que facilitaban ayer mismo algunas de las afectadas, quienes explicaban que se han quedado prácticamente en la calle y que se da el caso de alguna mujer que ya ha tenido que dormir en un banco.
La presentación urgente de una moción del PP sobre este tema en el pleno de ayer y el rechazo a debatirla por parte del PSOE y del BNG provocó la reacción airada tanto de Corina Porro como de Lucía Molares. Esta última solicitaba al gobierno local que siga prestando el servicio de la Casa de Acollida mientras no exista una alternativa clara y real dentro de un proyecto global de atención a mujeres víctimas de malos tratos. También pidió que se integre a las trabajadoras.
Corina Porro se comprometió al término del pleno a destinar la mitad de la aportación de la Diputación a la Casa de Acollida, que es de 100.000 euros, a garantizar el alojamiento de las mujeres maltratadas.