Concello y Diputación andan a guantazos como en los viejos tiempos, cuando Leri, con pintoresco estilo pero toda legitimidad, se quejaba de que el organismo provincial no se dejaba un duro en Vigo. Los protagonistas, ahora, son Rafael Louzán y Abel Caballero. El alcalde amenaza a la Diputación con hacerle sentir el poder de Vigo. Y, honestamente, hay que darle la razón. Porque es habitual que las administraciones beneficien a los de su signo político. Pero lo que lleva un año haciendo Rafael Louzán supera todo lo conocido.
Si comparamos el último año de mandato de Corina Porro con el primero del bipartito, la diferencia resulta vergonzante. En los tiempos felices, las máquinas de la institución estaban en la ciudad un día tras otro, asfaltando calles, reparando aceras, levantando farolas, plantando flores... Desde las últimas elecciones, no se las ha vuelto a ver por aquí. De la fiebre inversora del organismo provincial, se ha pasado a la más completa apatía. Lo que evidencia que lo que se hizo entonces solo buscaba réditos políticos.
La misteriosa amenaza de Caballero, asegurando que Vigo puede explorar «otras vías» en relación con la Diputación, ha sido interpretada en dos sentidos. El primero, tal vez la reclamación de la capitalidad provincial. El segundo, que la ciudad abandere la desaparición de las diputaciones provinciales, organismos desde luego caducos, en un momento en que el territorio tiende a ordenarse en comarcas, en el rural, y en áreas metropolitanas, en el entorno de las grandes ciudades.
La segunda propuesta parece totalmente razonable. Eliminar las caducas diputaciones sería más que conveniente, dentro de un proceso para modernizar la ordenación del país, que mantiene la misma organización provincial desde mediados del siglo XIX, una eternidad tras un siglo y medio de profundos cambios.
Por contra, parece alarmar la posibilidad de que Vigo reclame la capitalidad provincial. Razones le sobran. De una parte, muchos ciudadanos y políticos ignoran que Vigo fue provincia antes de que existiese la de Pontevedra. Sustituyó a la de Tui durante la reforma del Trienio Liberal, más de una década antes de que se designase a la ciudad del Lérez.
De otra parte, Vigo es un caso único en España. A menudo, se la compara con Cartagena, en Murcia, o con Jerez, en Cádiz. Pero, en ambos casos, hablamos de ciudades que tienen los mismos habitantes que su capital provincial. Aquí multiplicamos por cinco su población. Por lo tanto, no es lo mismo, y tales comparaciones son solo falacias destinadas a minar la argumentación viguesa.
Ahora bien, ¿debería Vigo reclamar la capital de la provincia? Evidentemente, no. La capital puede muy bien seguir en la hermosa ciudad de Pontevedra, mientras aquí se ofrezcan todos los servicios administrativos en delegaciones. Pero Vigo precisa, por contra, ser cabecera de un área metropolitana que goce de autonomía y de recursos para ordenar su potencia económica y demográfica. Y, en esto, asistimos a un lamentable y deliberado retraso por parte de la Xunta.
Sería estúpido reclamar ahora la capitalidad de una provincia decimonónica. Pero urge que se dote a la ciudad y a su área de una nueva ordenación, que le permita gestionar servicios, infraestructuras, economía o transportes. Con dinero y autonomía política, esto es, un área metropolitana con poder. No sigamos engañándonos. Lo de la provincia es una batallita de nuestros abuelos. Podría desaparecer, junto a la Diputación, ese organismo caduco y caciquil que juega a dar la murga y a reírse de la mayor ciudad de Galicia.