Cerca de la mitad de los padres que tienen a sus hijos matriculados en la galescola de Oia se han rebelado en contra de que reciban una enseñanza exclusivamente en gallego. El colectivo demanda que las cuidadoras del centro también hablen a los pequeños en castellano porque afirman que es un derecho constitucional.
Los padres llegaron incluso a recurrir ante el Defensor del Pueblo, en Madrid, que admitió a trámite su denuncia, si bien paralizó su intervención a la espera de que el Tribunal Constitucional siente doctrina sobre la coexistencia de dos lenguas oficiales, lo que se producirá cuando resuelva un recurso contra la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña.
Los padres afirman que la ley está de su parte porque en las aulas debe utilizarse la lengua materna predominante entre los alumnos «y la mayoría de los niños son castellano hablantes», manifiesta María Concepción Trapero, portavoz de los padres. Por eso sostienen que desde la Vicepresidencia de la Xunta «no se puede imponer el uso de un sólo idioma en las aulas».
Mientras tanto, Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar se ha dirigido al Defensor del Pueblo para comunicarle que «la lengua propia de Galicia es el gallego» y que es necesario garantizar su aprendizaje. Afirman además que en el área de la Galescola de Oia, los niños y las niñas tienen el gallego como primera lengua en sus casas.
Por lo tanto, consideran que la actuación del profesorado se ajusta a la legislación en el uso de la lengua gallega como instrumento de comunicación.