El proyecto de la conselleira Caride, que tuvo un fuerte rechazo vecinal, prevé una fase para unir Vigo y A Ramallosa y otra de Baiona a A Guarda
12 abr 2009 . Actualizado a las 02:00 h.Tres empresas construirán el carril bici entre Vigo, A Ramallosa y A Guarda. La Xunta en funciones acaba de firmar la adjudicación definitiva de las obras. El PSOE, que dirige la Consellería de Política Territorial, lo hizo a sabiendas de que las urnas lo habían desbancado del Gobierno y conociendo que el PP rechazaba el proyecto. Y todo sin publicidad.
Arrancaba marzo y Alberto Núñez Feijoo acababa de ganar las elecciones. El día 5, el PP de Vigo daba por hecho públicamente que el nuevo presidente gallego paralizaría el carril bici y la senda peatonal hasta A Ramallosa. No en vano, en noviembre el partido conservador había tildado el proyecto de «disparate» ante el Parlamento gallego, y pedía su anulación.
La Consellería de Política Territorial de María José Caride no dijo nada el 5 de marzo ni después. Pero apenas unos días antes, el 26 de febrero, ya había cerrado la adjudicación del primer tramo de 8,6 kilómetros, en territorio de Vigo. Así lo ratifica en los documentos oficiales la firma del secretario xeral de la consellería, Luis Vázquez.
La adjudicación definitiva se cerró el 18 de marzo, según recogió esta misma semana el Diario Oficial de la Unión Europea ( DOUE ). Los trámites para contratar la obra se habían iniciado en septiembre, pero fue un Gobierno en funciones el que formalizó el contrato definitivo con la unión de empresas de Movex Vial y Construcciones Manuel Pérez Portela, por 7 millones.
Sin información pública
Ese tramo enlaza con otro de 7,1 kilómetros, en Nigrán, hasta unir Vigo y A Ramallosa, el polémico trazado. La consellería firmó la adjudicación de de ese trecho por 7,9 millones el 13 de marzo, también en funciones. El trecho que no ha generado oposición es Baiona-A Guarda, que se cerró el 18 de marzo y costará 6,5 millones. La Xunta todavía no ha dado a conocer a través del Diario Oficial de Galicia ( DOG ) estos dos contratos.
El proyecto contaba con el beneplácito de ecologistas y de ciclistas. Pero provocó una dura oposición de los afectados por las expropiaciones, que aún no se han ejecutado. Argumentaban que el carril iba a provocar «más muertes», como aún se lee en los carteles que flanquean la mal llamada Autovía , la PO-325.