La plana mayor de la clase empresarial viguesa -formada por las asociaciones de mayor peso económico afectadas de forma directa o indirecta por la paralización cautelar de la ampliación del muelle del Areal- mostró ayer su respaldo más firme al proyecto portuario y en concreto a la propia presidenta, Corina Porro, quien convocó en un acto abierto a todos los usuarios de la terminal. De este acto sacó todavía más apoyos verbales que los que tenía y ya había ido cosechando en distintas reuniones privadas. Todos los operadores portuarios y dirigentes empresariales le insuflaron ánimos en público y a viva voz para que siguiese adelante en su proyecto de desarrollo de los muelles.
Porro, por su parte, ante un auditorio de unos cien empresarios entregados a la causa, dijo que «me he caracterizado por no tirar nunca la toalla y no la voy a tirar». Así resumió de alguna forma su manera de gestionar los asuntos públicos. Todos los intervinientes, de su lado, dirigieron sus mensajes en la misma dirección. Apoyo incondicional, por este orden, a la presidenta porque el proyecto es «necesario y vital» para Vigo, y segundo, porque es legal y ajustado a Derecho. Asimismo, la jueza que ha paralizado el proyecto no ha considerado la proporcionalidad, a juicio de todos los intervinientes, del daño que está haciendo a la terminal, en tanto que otras muchas ya se están desarrollando y nadie ha puesto pegas de ningún tipo a su progreso.
Entre los que tomaron la palabra: José Manuel Fernández Alvariño, presidente de la Federación de Empresarios de Pontevedra; Gonzalo López, presidente de la Federación de Usuarios del Puerto de Vigo; Javier Touza, presidente de la Cooperativa de Armadores del Puerto de Vigo; José García Costas, presidente de la Cámara de Comercio, y Juan Manuel Vieites, secretario general de la patronal conservera española, manifestaron su apoyo sin fisuras a la actual presidenta portuaria. El acto, en suma, fue una escenificación oficial de la clase empresarial con más peso de la ciudad para que se lleve a cabo el proyecto, iniciado hace unos ocho años, pero que por los distintos vaivenes judiciales y políticos, finalmente no ha salido adelante hasta la llegada de Porro a la Autoridad Portuaria.