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Ex trabajadores de GEA piden 22 años de cárcel para los antiguos dueños

VIGO

21 mar 2010 . Actualizado a las 02:00 h.

Trece años después de presentarse la denuncia, ha concluido por fin la investigación judicial de la venta, presuntamente fraudulenta, del GEA, sociedad del Instituto Nacional de Industria (INI) que fue entregada casi regalada a unos empresarios que se van a sentar en el banquillo, acusados del delito de alzamiento de bienes, apropiación indebida y estafa.

Una vez concluida la investigación por el juzgado de instrucción número 3, que remitirá la causa este semana a la Audiencia, solo queda fijar la fecha para la vista oral.

El INI, dependiente del Estado, vendió el grupo de Empresas Alvarez a la compañía Pickman S.A, fábrica de loza en la Cartuja de Sevilla, cuyas acciones eran propiedad de Estudesa, por 100 millones de las antiguas pesetas el 4 de octubre de 1991. La venta se produjo justo después de que el instituto invirtiese 12.500 millones en sanear y dotar al grupo ceramista de tecnología puntera, con hornos de últimos generación.

Lo más curioso es que el pago de GEA se hizo presuntamente con dinero de la propia empresa. «Pese a la precaria situación financiera de GEA, con cuantiosas deudas, los acusados, José Orozco Rodríguez Mancheño, Mariano y Francisco Jiménez Ambel, concibieron la idea de obtener un beneficio patrimonial ilícito mediante la transferencia del patrimonio de GEA a Estudesa S.A. y Pickman S.A., en perjuicio de los numerosos acreedores del Grupo Álvarez», señala el fiscal en su escrito de acusación.

El ministerio público pide para estos tres acusados tres años de cárcel para cada uno y la acusación particular, 22 años y extiende la acusación también a Vicente Mata y Enrique Tatay.

Pelotazos con Rumasa

Los empresarios acusados fueron unos de los grandes beneficiairos de la expropiación y posterior reventa de Rumasa. Así, se hicieron con la empresa Tejar Balear por una peseta o Pickman, que les costó tan solo 10.000 pesetas.

La privatización de GEA permitió lucrarse a un sindicalista de la UGT valenciana, Vicente Mata Román, que estuvo al frente del Grupo Álvarez y abandonó GEA al cabo de un año con una indemnización de 200 millones de pesetas.

Mata no está acusado por el fiscal, pero sí los dos hermanos Jiménez Ambel, que le sustituyeron a los mandos de la empresa. También está procesado Enrique Tatay, al que los Ambel le vendieron la empresa. Tatay está acusado también de otro delito de alzamiento.

El escrito de acusación del fiscal señala que Francisco Jiménez Ambel perjudicó a los trabajadores de la empresa -y a otros organismos acreedores como el Ayuntamiento de Vigo, la Seguridad Social-. Posteriormente Ambel cedió GEA a Corvagal, la empresa de Enrique Tatay Huici.

Vanosa

Los hermanos Ambel y José Orozco constituyeron Vidrios Automáticos del Noroeste (Vanosa) en 1993. El capital de Vanosa era la finca de GEA -hoy abandonada y con los edificios en ruinas-. Los acusados solicitaron un préstamo de 450 millones de pesetas al Banco Exterior de España y como garantía establecieron los terrenos de la fábrica, valorados en 882 millones de pesetas. Posteriormente el Grupo de Empresas Álvarez y Vanosa fueron declarados en suspensión de pagos. En el año 2001, cerró la fábrica, tras varios intentos infructuosos de reflotamiento.