Los secretarios de ayuntamientos estudian medidas legales contra el teniente de alcalde de Gondomar
VIGO
El colegio provincial de secretarios, interventores y tesoreros ha salido en defensa de la secretaria municipal de Gondomar y de la técnica de administración general, a quienes el teniente alcalde, Alfonso de Lis Fiuza, se permitió descalificar públicamente en el último pleno de la corporación. Esta agrupación estudiará medidas legales en defensa de sus colegiadas «cuando resultan tan burdamente atropelladas».
«Una intervención insolente, muy lejana del respeto y de la cortesía que debe presidir el desarrollo de las sesiones», así es como califica el presidente de este organismo, José Riesgo Boluda, la polémica intervención del portavoz del gobierno, que constituyó «un hecho insólito en el largo devenir de los ayuntamientos democráticos».
Este colectivo considera que la legitimidad democrática que ostentan los ediles de Gondomar no les habilita para realizar un abuso de la libertad de expresión, realizar juicios y afirmaciones contra unas funcionarias a quienes ni siquiera se dio la oportunidad de defenderse. Por otra parte, las imputaciones realizadas en el pleno «carecen del más mínimo rigor y se formulan con un claro objeto intimidatorio y en un un escenario de absoluta indefensión».
El colegio provincial concluye que a ambas funcionarias se les ha sometido a una condena pública, sin tener en cuenta que en un estado de derecho la exigencia de responsabilidades está sujeta a controles jurisdiccionales. Por este motivo, instan al alcalde a que adopte las medidas necesarias con el fin de que en el futuro no se permitan intervenciones similares «por concejales que solo demuestran no estar a la altura de los ciudadanos que representan».
Alfonso De Lis Fiuza desató la polémica en el pleno extraordinario del pasado miércoles cuando leyó un informe en el que puso en duda la valía profesional de las dos funcionarias y las acusó de entorpecer la gestión pública y de crear un clima de crispación en el Concello. El alcalde, Martín Urgal, negó la palabra a la secretaria municipal, que quiso intervenir tras haber sido puesta en evidencia públicamente. Es la primera vez en toda la historia de la democracia de Gondomar en la que ocurre una injerencia de este tipo por parte de representantes políticos. El comité de personal también salió en defensa de las dos funcionarias afectadas.