El primero, con veinte acusados por coacciones, se celebrará el día 31
11 may 2011 . Actualizado a las 12:51 h.El juzgado de Cangas ha acumulado en dos macrojuicios las docenas de denuncias presentadas por las dos empresas que intentaron construir en el año 2005 y el 2009 el puerto deportivo de Massó (Construcciones Dios y Puentes y Calzadas), así como por la Guardia Civil, contra un total de 49 vecinos que, presuntamente, trataron de paralizarlas.
El juzgado número 2 celebrará el día 31 la vista contra 20 imputados por impedir el paso de maquinaria y camiones a las obras entre octubre del 2005 y el mismo mes del 2006. En la extensa relación de incidentes se cita casi un centenar de días en los que se produjo algún tipo de altercado.
Declaraciones
Ayer comenzó la toma de declaración a 29 vecinos por los disturbios del año 2009. Ocho de ellos están también imputados en el proceso citado anteriormente. En esta ocasión son los empleados de la empresa Puentes y Calzadas o bien la Guardia Civil los que presentaron denuncias.
Algunos de ellos se negaron a declarar. Otros aceptaron responder a las preguntas del juez y de su defensor, pero no a las de los abogados de la empresa.
Los imputados recurrieron ante la Audiencia la decisión del juez de acumular en una única vista los 9 juicios de faltas que estaban pendientes, así como la de elevar de falta a delito la calificación, a lo que también se había opuesto el fiscal.
El concejal y candidato de ACE, Mariano Abalo, fue uno de los que declaró ayer. Reconoció que estaba en el lugar y los justificó diciendo que trataba de evitar «que se consumase un delito contra a ordenación do territorio». En ese momento era el concejal de urbanismo. Abalo insiste en que hubo prevaricación y cohecho en el proceso de concesión para construir el puerto deportivo.
Antonio Sangabriel y Tiago Pérez ya habían prestado su declaración el pasado verano. Ayer acudieron también varios de los 16 detenidos el 20 de julio del 2009 durante un acto de protesta contra el puerto deportivo.
Los afectados, por otra parte, siguen recurriendo judicialmente las sanciones administrativas impuestas por la Subdelegación del Gobierno, unas 40 multas entre 150 y 500 euros. Hubo ya 4 sentencias. El juez anuló tres de ellas y rebajó de 500 a 150 euros otra.
No tuvieron la misma suerte la denuncias de varios imputados contra agentes de la Guardia Civil por supuestas detenciones ilegales y lesiones, ya que fueron archivadas, si bien se proponen recurrir la decisión.