Durante los quince días de campaña electoral se trasladó especialmente a la ciudadanía y de manera reiterada la imposibilidad de que las instituciones públicas presentes en Vigo lograsen un mínimo entendimiento, no ya para tratar de coordinar inversiones o aportar soluciones de manera conjunta a las necesidades de la ciudad -que no habría estado mal- sino para al menos confrontar posturas de una manera cívica y directa. Concello y Diputación ni se hablan; alcaldía y Puerto se comunican y acusan mediante carteles y acusaciones partidarias, y Gobierno municipal y Xunta se han pasado cuatro años de lucha en el barro.
Pero todas esas instituciones y otras como Zona Franca, Universidad, Cámara de Comercio y algunas de las más representativas empresas de la ciudad tenían un foro donde sacarse los colores, pactar mínimos de entendimiento y sobre todo intentar sumar esfuerzos en favor de la ciudad que paga los sueldos de la mayoría de los representantes de dichas entidades. Al menos con ese fin surgió en 1993 la Fundación Provigo, ideada en sus comienzos por empresarios que buscaban exigir lo que la primera ciudad de Galicia precisaba y que no fuese discriminada respecto a ninguna otra. Pero después de apuntarse tantos en la promoción exterior, atraer rutas y compañías aéreas, analizar el estado económico y laboral de Vigo, la Fundación ha ido languideciendo en los últimos cuatro años hasta su práctica desaparición. La alcaldía optó por tratar de arrogarse el papel de dicho foro y las instituciones de color político contrario tampoco hicieron nada por reivindicar o insuflar vida a la Fundación. Es más, ni siquiera los empresarios piensan ya en el organismo que impulsaron, y en el que cada vez menos miembros pagan las cuotas con las que mantener dicha entidad.
Y llegados a este punto, en el que la Fundación Provigo sobrevive con lo justo para pagar a su par de empleados, le acaba de llegar la que puede ser la puntilla final. Su gerente, José Francisco Armesto, remitió hace días a Abel Caballero su renuncia definitiva al puesto, abandono que se hará efectivo el 1 de agosto, cuando el único referente de la Fundación regrese a su puesto en el Consejo Económico y Social de Galicia, que por cierto, podría tener nuevo presidente en poco tiempo tras siete años de mandato de Pablo Egerique. Armesto se irá pues echando prácticamente la llave a un órgano, que como le ha pasado a la Mancomunidad, han ido perdiendo fuelle por culpa de enfrentamientos políticos, personalismos y sobre todo falta de intención de consenso entre sus miembros más destacados.