El Contencioso le recrimina por no actuar tras la denuncia de unos vecinos
22 Jul 2011. Actualizado a las 06:00 h.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Lugo ha emitido una sentencia en la que recrimina la actuación del Concello de Foz ?del anterior gobierno municipal socialista? por no haber actuado tras las denuncias de la comunidad vecinal del número 11 de la calle Rego de Foz por los ruidos que emitían tres pubs. El Ayuntamiento obvió la queja, desestimándola por silencio administrativo, pero los vecinos recurrieron y ahora el juzgado les ha dado la razón. El magistrado ordena que «de inmediato» los tres establecimientos referidos instalen limitadores de sonido, o sonógrafos, responsabilizando directamente al actual alcalde, Javier Jorge Castiñeira (PP), del cumplimiento del fallo. El juez le da al regidor un plazo de quince días para que dé cuenta en la sala de que se han instalado estos equipos.
En principio, Castiñeiras debe actuar en las dos próximas semanas. No obstante, cabe la posibilidad de presentar recurso en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. En caso contrario, dadas las medidas ordenadas por el juez, podría ser que el asunto derivase en el cierre cautelar de alguno de los establecimientos.
Esta sentencia es un episodio más que se suma al escrito que la comunidad de vecinos del número 11 de Rego de Foz remitió esta semana al alcalde, criticando una vez más el ruido y el desorden. Castiñeira dijo que no se ampliaría el control sobre los pubs, pero el fallo del Contencioso le obligará a actuar.
Posible cierre cautelar
Y es que el magistrado también ordena que por parte de los servicios técnicos o de la policía local, se lleve a cabo una inspección de los ruidos en los tres pubs referidos; sus condiciones de aislamiento acústico, y la obligatoriedad o no de contar con puertas de emergencia. Para ello le da al Concello un plazo de siete días y le emplaza a abrir expedientes sancionadores en caso de que los locales no se ajusten a la legalidad y, como medida cautelar, que se cierren hasta que se subsanen las deficiencias observadas.
Por último, el juez ordena al Concello de Foz que exija a los titulares de dos de los pubs que los adecúen a la normativa vigente en alturas, pues tras la inspección de un perito judicial se comprobó que no se ajustaban a la ley. En las pruebas periciales realizadas en la instrucción del caso también se comprobó que el nivel de ruido interno en las viviendas superaba los límites establecidos, aunque no se pudo atribuir explícitamente a los locales denunciados. El juez reitera que corresponde al Concello hacer cumplir la ley de protección contra la contaminación acústica y le condena al pago de las costas del juicio.
El alcalde de Foz, Javier Jorge Castiñeira, supo ayer del fallo del Contencioso por los medios de comunicación, ya que la sentencia no ha llegado al Concello. Por eso se mostró prudente al pronunciarse y manifestó que esperará a recibirla para pronunciarse. Sí dejó claro que es un asunto que le ha llegado heredado del anterior gobierno municipal y que ahora él deberá afrontar. «En todo caso teremos que cumprir a legalidade. As sentenzas son para cumprilas ou para recorrelas... non queda outra. Cando nos chegue, os servizos xurídicos valorarán se temos que recorrela ou ben hai que executala», manifestó.
La sentencia que ahora se ha hecho pública parte de una denuncia que la comunidad de vecinos presentó el 27 de abril del año 2007 y que el gobierno municipal presidido por José María García Rivera (PSOE) desestimó por silencio administrativo. La comunidad presentó el contencioso un año después, y ahora se ha resuelto. En la denuncia se aseguraba que los moradores de las viviendas no podían dormir por los ruidos que provocaban los locales y que los clientes «protagonizaban frecuentes espectáculos callejeros, con conducción temeraria y presencia de los mismos en la vía pública con las bebidas». Por eso pedían que los locales fuesen clausurados en tanto no se subsanasen los problemas de aislamiento y se instalasen sonómetros. El magistrado censura con dureza la actitud del Concello de Foz, por no contestar a la denuncia, y le recuerda la obligación que tiene de vigilancia permanente de que los establecimientos públicos se ajusten a la ley, y de exigirlo así, para lo que disponen de los instrumentos necesarios.