Más de 2.000 trabajadores iniciaron una huelga indefinida para salvar Alcoa, «o motor económico da Mariña»

A las seis de la madrugada de este domingo, los más de 2.000 trabajadores, entre directos y de empresas auxiliares, de la fábrica de Alcoa San Cibrao comenzaron una huelga indefinida con la que aspiran a «salvar o motor económico da Mariña». Las dos plantas del complejo, la de aluminio y la de alúmina, continúan operando con los servicios mínimos que fueron pactados inicialmente entre el comité y la dirección por 48 horas. Alrededor de cien empleados -en condiciones de producción normal serían alrededor de 200- siguen realizando en cada turno las prestaciones esenciales que tienen cómo objetivo conseguir que las cubas sigan funcionando.

Decenas de trabajadores y familiares se concentraban este mediodía en el campamento montado en el exterior de la factoría cervense, y desde el que se está controlando que a las instalaciones únicamente accedan suministros. «No se produce nada que no sea para refundir, la producción está parada», explicó el presidente del comité, José Antonio Zan (CC.OO.), que recordó que están a la espera de que el Gobierno central, a través del Ministerio de Industria y el de Transición Ecológica, y la Xunta de Galicia, por medio de la Consellería de Industria, convoquen previsiblemente para este lunes, o el martes a más tardar, la reunión en la que ambas administraciones «explicarán cómo van a hacer» para que la única fábrica de aluminio primario que hay en España continúe operando y tenga viabilidad, pese al cierre y al despido de más de 500 trabajadores -afectaría además a unos 400 empleados de subcontratas- anunciado por la multinacional con sede en Pittsburgh que preside Roy Harvey. El 13 de octubre expira el plazo que tiene Alcoa para comunicar lo qué va a hacer en relación con el ERE.  

En esa línea, como recordaron Xosé Paleo (CIG) y Diego Ballesteros (UGT), llegados a este punto solo hay dos opciones. La primera sería que Alcoa, la multinacional que dirige en España Álvaro Dorado, aceptase finalmente vender la planta al Gobierno central a través de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales); como paso previo a una posible venta al grupo británico Liberty House. Un gigante empresarial que esta semana ha vuelto a dejar claro su interés por el complejo mariñano al ofrecer detalles sobre un proyecto de 1.000 millones de euros que giraría en torno a las energías renovables para, entre otros, modernizar la fábrica mariñana.

La segunda sería que el Estado interviniese, nacionalizase o expropiase la planta durante un tiempo determinado para garantizar su continuidad; paso previo, nuevamente, a la venta a Liberty.