La Voz de Galicia

Peritos informáticos identifican a varias personas que vinculan con los vídeos en A Maruxaina

A Mariña

Ramón González Rey
Manifestación para reclamar la investigación del Caso Maruxaina

Bumei entregó al juez un informe que podría abrir nuevas vías de investigación

15 Mar 2024. Actualizado a las 05:00 h.

La Asociación Mujeres en Igualdad de Burela (Bumei), que ejerce la acusación particular en el Caso Maruxaina, ha presentado ante el juzgado un informe preliminar realizado por peritos informáticos que podría abrir una senda para dar con quienes grabaron vídeos íntimos de mujeres con cámara oculta y subieron las piezas audiovisuales a páginas web pornográficas. En el documento se identifican y localizan por primera vez personas —al menos cinco— que pueden estar implicadas en los hechos.

La agrupación sondeó a finales del pasado año la posibilidad de encargar una investigación, en vista de que el caso se encontraba en punto muerto. La instrucción del mismo sufrió un revés al denegar Estados Unidos al juez la identificación de las direcciones IP de las personas que colgaron en internet vídeos de mujeres grabadas sin su consentimiento en la fiesta sancibrense mientras orinaban.

El juzgado, de hecho, rehusó tramitar de nuevo esta diligencia y reiterar la petición de ayuda internacional para solucionar el caso, al no haber esperanzas de recibir una respuesta distinta. El Departamento de Justicia estadounidense, que demoró su contestación alrededor de un año, alegó que no podía ofrecer la información solicitada porque ni las propias páginas web disponían de ella.

Además, varias de las víctimas aportaron nuevas grabaciones en las que se escuchaban voces y se veían parcialmente a personas. En algunas, señalaban las afectadas, se percibían incluso grabaciones de mujeres teniendo sexo en situaciones de embriaguez. Sin embargo, apenas ha habido avances en una investigación compleja.

El gabinete de peritos privado entregó a Bumei a principios del presente ejercicio un dossier preliminar con los resultados de su trabajo, que abre varias vías de investigación, con al menos cinco personas presuntamente vinculadas con los hechos, identificadas y localizadas. La asociación, a la que representa el abogado José Manuel Oliveros, presentó el dossier ante el juzgado en la primera semana de marzo.

El informe preliminar podría ser un primer paso. Tras la presentación del dossier, el magistrado podría decidir, si lo aprecia valioso, que sea el propio gabinete privado de Bumei el que continúe la investigación o que se traslade la información recabada a los cuerpos y fuerzas de seguridad, a fin de que se encarguen de ahondar en las pescudas.

El informe pericial presentado por Bumei puede aportar objetivos concretos a la investigación, a partir de la identificación de estas personas, y abrir nuevas vías para investigar. Este posible avance supone un pequeño rayo de esperanza para las alrededor de 80 mujeres que presentaron denuncia al verse expuestas sin su consentimiento en la red.

El Caso Maruxaina comenzó cuando la propia pareja de una de las víctimas encontró un enlace a una web porno de pago en la que aparecían vídeos de mujeres orinando en la calle durante la fiesta del 2019, reconocibles por estar ataviadas con la vestimenta habitual de la celebración. En las semanas sucesivas se interpusieron decenas de denuncias.

En primera instancia, en marzo del 2021, el Xulgado de Instrución número 1 de Viveiro archivó el caso al considerar que las grabaciones no constituían un delito por ser realizadas en un lugar público «en el que (las mujeres grabadas) podían ser vistas por cualquiera». El fallo provocó un fuerte rechazo social y movilizaciones. El juez ratificó el archivo de la causa en septiembre de ese ejercicio, pero la Audiencia Provincial de Lugo lo rebatió en noviembre, apreciando comprometida la intimidad de las víctimas. Así, ordenaba reabrir la investigación y practicar las diligencias solicitadas por la Fiscalía y las denunciantes.

Entre enero del 2022 y febrero del 2023 se tomó declaración a alrededor de un centenar de mujeres afectadas por las grabaciones ilegales, dándose por cerrada esta parte del proceso.


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