Un constructor de Ribadeo acusa al alcalde de «confiscar su dinero»

El ribadense José Pulpeiro Doval es uno de los contados casos de constructores que no se muerden la lengua y que no tiene problema en airear episodios ocurridos durante el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Sin recato, apunta a bancos y autoridades como responsables de la quiebra de no pocas empresas. Se pone como víctima de usurpaciones y acusa al alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, de confiscar su dinero y de propiciar que un conocido subastero ribadense se hiciese con una de sus propiedades por un 17 % del valor de tasación. Un proceder, incide, que fue legal, «pero que éticamente deixa moito que desexar»

Pulpeiro es el artífice de varias promociones en el casco urbano de Ribadeo. Una de ellas, la denominada Avenida de Vilaodriz, incluía, como la mayoría de edificaciones, un trastero para cada vivienda. Al construirlos se excedió en 50 centímetros la altura permitida. Cuenta Pulpeiro que hasta la llegada de Fernando Suárez a la alcaldía sus predecesores lo permitían «por ser una gran mejora para las viviendas» y, de hecho, en el nuevo plan urbanístico se incluye un incremento de altura de cumbrera de los edificios.

Pero con Suárez en la alcaldía el Concello no otorgó la licencia de primera ocupación a este y otros edificios. Y además de denegarle la licencia, impuso a Pulpeiro una sanción de 87.360 euros. El constructor trató de negociar y le ofreció 12.000, al ser una «pequeña infracción», pero Suárez no aceptó y el asunto acabó en el juzgado.

Pulpeiro perdió. Entonces la crisis del ladrillo ya campaba a sus anchas: «No podíamos pagar, porque los bancos se hicieron con todo el dinero en metálico y muchas de nuestras fincas», relata el constructor. Entonces, explica que optó por solicitar un pago a plazos, «una fórmula legal», que le fue denegada.

Pulpeiro conservaba en propiedad dos locales en la Avenida de Asturias, uno destinado a restaurante de 145 metros cuadrados y otro para bar de 105. Ambos fueron embargados y salieron a subasta, que quedó desierta. Pasó lo mismo en la segunda y finalmente se ofreció al mejor postor. Entonces apareció un conocido subastero local, «y se lo dejan en 45.760 euros».

Continúa contando Pulpeiro que el bajo para restaurante podía haber sido alquilado por 9.000 euros anuales, si bien en tiempos de la crisis lo hicieron por 7.200 euros, dinero que fue anticipado, depositado en el Banco de Galicia y «confiscado, al igual que otras pequeñas cantidades, por el señor alcalde».

Pulpeiro reprocha a Suárez que un subastero se hiciese con un local restaurante valorado en 270.000 euros por 45.760 y que no le hubiera llamado ofreciéndole la posibilidad de que lo hubiese vendido él. Dice que en ese caso quizás no hubiese conseguido los 270.000 euros en los que estaba tasado, pero probablemente sí en torno a 180.000, mucho más de la deuda reclamada.

Pulpeiro se considera víctima de un atropello que le atañe no solo a él, sino a toda su familia y a los trabajadores de su empresa. Y recuerda cómo en una ocasión el entonces presidente de la Diputación de Lugo, Francisco Cacharro Pardo, le sugirió que se presentase como candidato del PP a la alcaldía. Dice que declinó hacerlo, pero de haber resultado elegido insiste en que siempre hubiese actuado con justicia, la que echa en falta en este episodio.

Pulpeiro: «A forma de proceder foi legal, pero éticamente deixa moito que desexar»

Critica que no le ofreciesen la opción de vender su local tras dos subastas desiertas

Fernando Suárez replica que actúa igual con todos los deudores, con procedimientos reglados

El alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, declaró estar sorprendido por las críticas de Pulpeiro y explicó que su proceder es el mismo con todos los que tienen deudas con el Concello, siguiendo un procedimiento reglado y ciñéndose a las indicaciones de los técnicos: «É a mellor maneira de non ter desgustos na vida», señaló.

La ley, para todos

«

A misión dun alcalde é aplicar a lei igual para todos. E todos os que fixeron algo urbanisticamente ilegal, que administrativamente se demostrou que era ilegal, e neste caso que non estando conforme se foi á xustiza, onde tamén se demostrou que era ilegal, pois temos que sancionalos. E como non pagou, fomos á vía executiva. E como tampouco o fixo, tivemos que ir polos seus bens. É o mesmo procedemento con quen non paga calquera outra multa, como as de tráfico, que lles poden acabar embarcando o coche

», explicó Fernando Suárez.

Sin negociación

«Proceder de outra forma si sería unha inxustiza. Eu comprendo que podan estar desgustados, pero non hai nada máis detrás, que non se busque outra cousa, de feito asistín á presentación de dous discos seus co proceso xa iniciado

», razona el alcalde. Y concluye:

«Sei que fai anos cando chegaba unha multa do Concello había quen non facía caso e o asunto morría sen pagar. Pero agora non e así; ou pagas ou chegará á vía executiva. E non entro en negociacións. Sigo o que marca a lei de réxime local, o que marca o regulamento e o que di o secretario e o interventor

».