Un aluvión de reclamaciones hipotecarias en A Mariña contribuye a la sobrecarga judicial

Si el Tribunal Supremo no avala una sentencia de la Justicia europea que supondría eliminar la prescripción relativa a este tema y con ello el plazo máximo para reclamar, el 14 de abril es en principio la fecha límite para que las personas —no así las empresas— que formalizaron una hipoteca antes del 2019 puedan pleitear por los gastos relativos al préstamo hipotecario. El TS declaró hace cinco años que los clientes tienen derecho a recuperar todo lo pagado en concepto de registro de propiedad, gestoría y tasación, y el 50 % en cuanto al coste de la notaría. Faltan un mes para que se cumpla el hito en el calendario y los abogados mariñanos, y también el personal de los juzgados, no dan abasto frente al aluvión de reclamaciones.

En sedes judiciales mixtas, como Viveiro, a la sobrecarga de trabajo habitual por los ámbitos civil y penal se suma este aumento de las reclamaciones.

«A familia que máis e a que menos tamén teñen hipotecas», recuerda el letrado burelense Pablo Álvarez Ramos, que está acostumbrado a llevar casos relacionados con préstamos hipotecarios, pero que se muestra sorprendido por la avalancha de los últimos meses. «Desde novembro, non sabería contabilizar canta xente recibín», indica. José Manuel Oliveros o Mercedes Rubal confirman que las reclamaciones se están incrementando «significativamente». Y hasta abril no se prevé un cambio, ya que a los dubitativos o rezagados se suman las muchas personas que «non saben aínda que poden efectuar esta reclamación. Mesmo xente con certa formación e que esperas que estea ao tanto», señala Rubal.

Los abogados exponen que las cuantías que los clientes pueden recuperar varían habitualmente entre los 1.000 y los 3.000 euros, aunque se debe revisar cada hipoteca. No sería la primera vez, indican Oliveros o Rubal, que de examinar un contrato se descubre una cláusula suelo por la que se podría obtener además una compensación de entre 18.000 y 20.000 euros. «E tamén se poden recuperar os intereses de demora pagados e ilegalmente cobrados», señalan.

Los abogados coinciden en que hay una suficiente seguridad jurídica sobre los gastos hipotecarios y que prosperan «a inmensa maioría» de las reclamaciones, «por non dicir o 100 %».

Para evitar el colapso del sistema, el Gobierno estableció como requisito previo a la vía judicial que los clientes reclamasen antes al banco el reintegro del dinero. Las entidades, expone Jesús Porto, intentan disuadir a los ciudadanos de hacerlo. «Sistematicamente non fan a devolución inicialmente e logo alegan pese a saber que é un preito perdido», lamenta. «Xógase con que a xente é reticente, loxicamente, aos procesos xudiciais», indica Álvarez Ramos, «e por un lado de cara á opinión pública négase unha mala praxe e por outro lógrase que as persoas se desanimen». Rubal, que afirma haberse encontrado trabas para recabar información, recuerda que la última decisión la tiene el juez, no la entidad bancaria.