Las peticiones de abogados de oficio en la comarca crecen tras años de bajada
Barbanza
El empobrecimiento social y salarial ha disparado la demanda del servicio
21 Jan 2016. Actualizado a las 05:00 h.
En 1978, coincidiendo con la aprobación de la Constitución española, entró en funcionamiento el turno de oficio, un servicio público prestado por abogados voluntarios que en los partidos judiciales de la comarca (Ribeira, Noia y Muros) ha funcionado siempre. En el último lustro, y en el mismo contexto geográfico, la demanda de letrados del turno de oficio sufrió caídas y subidas que, en estos dos años, ha repuntado significativamente.
Las causas que responden a esta casuística, atendiendo a las fuentes consultadas, son varias. En Ribeira, la delegada del Colegio Provincial de Abogados de A Coruña, Fernanda Álvarez, explica que en el 2010 se dio un repunte muy significativo: «Era el momento álgido de la crisis y hubo muchos despidos, expedientes de regulación de empleos y congelación de pensiones que ocasionaron, por la falta de recursos económicos, problemas en el ámbito doméstico. Estas situaciones derivaron en un aumento de las peticiones de justicia gratuita que, desde entonces, se han estabilizado».
Nuevo baremo
Otro letrado, con peso en la zona de Muros-Noia, aporta un punto de vista, en parte, diferente, aunque también relacionado con la crisis económica. Él afirma que el descenso en la demanda del citado servicio tiene su razón de ser en el endurecimiento de los criterios que se aplican para concederlo o denegarlo. El nuevo baremo, añade, entró en funcionamiento hace un par de años para tener sus primeras consecuencias en el 2013 con una caída importante en la demanda de letrados de oficio.
Para entender el efecto de crecimiento que se ha dado en el último bienio hay que analizar las consecuencias de la crisis económica, que provocaron un empobrecimiento social y salarial generalizado. El mismo abogado añade que las personas que deseen beneficiarse del turno de oficio tienen que cumplir con el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), que sustituyó, en el 2014, el concepto de Salario Mínimo Interprofesional (SMI). El Iprem establece que para optar a la justicia gratuita (que no implica el pago de tasas) es necesario, entre otras cosas, cotizar más del doble de sueldo básico, que ronda los 530 euros. «Para reclamar hoy un abogado de turno de oficio basta con cotizar unos 1.100 euros, que es, por desgracia, el sueldo que tienen muchos españoles y por eso se concede».