Mala praxis

Quién va a creer en la ecuanimidad de los jueces cuando escriben tuits llamando al presidente del Gobierno «psicópata sin límites éticos» o al ministro de Justicia «siervo mentiroso patológico» y no reciben reprobación alguna del Poder Judicial. Una minoría de jueces se están deslizando por el resbaladizo tobogán de querer hacer política con la toga, por creerse únicos y verdaderos depositarios de las esencias de la nación, pero cuando la política entra en los juzgados, la justicia huye por la ventana.

La ley que sirvió para condenar y encarcelar a los independentistas catalanes en 2019 se interpreta tres años más tarde por el mismo tribunal de manera distinta: ya no es ni rebelión ni sedición, ahora es malversación y alta traición.

No me gusta la amnistía, ni la de Felipe González a los golpistas del 23F, ni la de Rajoy a 80.000 evasores fiscales; tampoco la de Sánchez perdonando a quienes anuncian su voluntad de seguir tocándonos las narices, pero en ningún caso eso me permite decidir si pago o no pago impuestos.

El Tribunal Supremo no puede cuestionar las decisiones del Congreso, del pueblo, salvo si el Tribunal Constitucional español o europeo las declaran inconstitucionales. Cuando los juristas optan por vestirse de justicieros y se niegan a aceptar leyes sin cuestionar su constitucionalidad, basándose exclusivamente en interpretaciones ideológicas, no hacen más que proyectar dudas sobre su imparcialidad. El gobierno de la ley o la ley como arma de actuación política.

Volvemos al eterno retorno. Durante doscientos años el sistema liberal en España se asentó en los militares y en los jueces. Los golpes de Estado y los espadones se enterraron cuando España entró en la OTAN. Los jueces lamentablemente siguen con su mala praxis de considerarse más que servidores públicos.