Neria intenta demostrar que es viable con 1,6 millones en activos

La asociación Neria, por acuerdo de los alcaldes que están tratando de encontrarle una salida al atolladero en el que se encuentra, va a presentar en los próximos días una auditoría propia destinada a contrarrestar el demoledor informe del interventor de la Deputación, que recomienda el concurso de acreedores y, en último término, la liquidación de la entidad.

Frente a los en torno a dos millones de euros de deuda que recoge el informe provincial, la asociación considera que está en condiciones de demostrar que cuenta con activos suficientes para hacerle frente, siempre y cuando se normalice su situación y se le desbloqueen los pagos que tiene pendientes.

El informe de Neria va a basarse en la tasación que la consultora Euroval hizo para el Banco Gallego del C3M, que lo valoraba, una vez finalizado, en 893.838. A esa cantidad habría que sumar los en torno a 290.000 euros en los que otra peritación podría cifrar lo que hay construido en el Centro Industrial e Tecnolóxico do Mel de O Mosquetín. Además, la entidad mantiene que tiene certificados en los correspondientes registros municipales y de la Deputación una deuda pendiente de cobro de 385.279 euros, de la que 168.919 corresponde a los ayuntamientos y 216.360 al gobierno provincial, que tampoco le pagó a la empresa de Neria el contrato de gestión de las Torres do Allo, los Batáns do Mosquetín y el Pazo de Mariñán durante el año 2014.

Por todo ello, desde la asociación, tanto su presidente, Javier González, como los regidores más implicados en la solución del conflicto tratan de dejar claro que no es cierto que hayan desaparecido dos millones de euros, como parece transmitirse con el informe de la Deputación.

Ese dinero en buena parte está invertido en obras que se hicieron y en programas que se llevaron a cabo. Por ejemplo la subvención del Ministerio de Industria para el C3M no implicaba únicamente la construcción del edificio, sino que hubo cinco personas contratadas durante 15 meses, con unos salarios acorde a su categoría profesional que venían prefijados en el propio convenio.

Ahogamiento económico

La teoría de la entidad, lejos de apuntar a una gestión fraudulenta o siquiera a una mala gestión, se basa en la caída en una espiral de falta de liquidez, que llevó a los impagos y la situación de bloqueo actual. La eliminación del plan continuador del programa Labora obligó a liquidar los contratos de los empleados, algunos con reclamación judicial incluida, a una media de más de 15.000 euros por persona, igual que ocurrió con el plan de drogodependencias. Un dinero que no venía incluido en las subvenciones para hacer frente al servicio.

A partir de ahí empezaron a producirse descubiertos y los embargos de Administraciones públicas que bloquearon el funcionamiento. Por ejemplo, la deuda del C3M, la más cuantiosa de las mantenidas tiene un período de amortización al que todavía le queda más de una década, pero el hecho de no pagar las primeras cuotas hace que el ministerio la reclame toda junta.

Por otra parte, la auditoría también tendrá en cuenta algo que no hizo el interventor de la Deputación, que son los ingresos que puede generar Neria, aunque sea solo de cuotas de concellos, gobierno provincial y socios en ese período que tenía para el pago de sus compromisos.

A la espera de que estos informes estén listos, algo que según González debería ocurrir en esta próxima semana, se han sucedido reuniones internas. La última la semana pasada en Muxía, en la que estaban prácticamente todos los alcaldes implicados y en la que ni siquiera permitieron la entrada de los reporteros gráficos. Aunque públicamente no dijeron más que había voluntad de llegar a una solución, fuentes presientes en el encuentro hablan de duros enfrentamientos dialécticos incluso entre los propios regidores socialistas a cuenta de las distintas posturas.