Diana Morant, la discreta ingeniera que unificará ciencia y universidades

Diana Morant (Valencia, 1980) sale reforzada en el nuevo organigrama planteado por Pedro Sánchez. Continuará al frente del Ministerio de Ciencia, pero ahora suma también la competencia de universidades. No parece un reto insuperable para una ingeniera de telecomunicaciones de mentalidad práctica y decidida que ya había asumido con éxito el desafío de relevar a una figura de calado como Pedro Duque. Lo hizo sin estridencias y voluntarismo para sacar adelante uno de los mayores retos de la pasada legislatura y que había sido misión imposible para sus predecesores: la aprobación de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Una norma que, por fin, ofrece una estabilidad a los investigadores, a la vez que un horizonte prefijado para poder desarrollar su carrera.

Pero que la hoja de ruta esté marcada no significa que no queden importantes desafíos por delante. Es necesario desarrollar la ley para conseguir retener y atraer el talento, que España se convierta en un lugar atractivo para investigar, tanto para los científicos españoles que están en el extranjero, como para captar a otros punteros de otros países. Y la financiación sigue siendo una rémora para alcanzar estos objetivos y poder aumentar la competitividad de la ciencia española.

La inversión en I+D+i en España es del 1,4 % con respecto al PIB, muy lejos del mínimo de un 2 % comprometido con Europa, del 2,3 % de la media europea, y más lejos aún del presupuesto que manejan países de nuestro entorno como Alemania, Austria, Suecia, Bélgica, Dinamarca o Finlandia. El objetivo marcado es alcanzar el 2 %, incluso antes, en el 2030, pero aún así España seguirá alejada de los países más competitivos.

El problema ya no es la financiación pública, que ha aumentado de forma notable en los últimos años con la aportación de los fondos Netx Generation, que han situado el presupuesto del Ministerio de Ciencia en 4.000 millones de euros, el mayor de la historia, sino la ejecución del gasto y, sobre todo, la escasa aportación del ámbito privado. Es necesario una mayor interrelación con las empresas para, desde el conocimiento básico, incentivar la innovación y, especialmente, desarrollar una ley de mecenazgo en condiciones que permita a las grandes fortunas e instituciones privadas invertir en ciencia. En su nuevo mandato también tendrá la misión inmediata de impulsar la Agencia Espacial Española, ya en funcionamiento en Sevilla, pero aún atascada por las diferencias con el Ayuntamiento de Sevilla.

Desde el punto de vista de la investigación, la integración de Universidades en el ministerio puede ser una ventaja, ya que cerca del 70 % de la ciencia que se produce en España es aportada desde las instituciones académicas. Una mayor interrelación entre ambos ámbitos será beneficiosa, pero no fácil. Y tendrá que poner especial énfasis en la estabilización del personal investigador. En retener el talento.

La ministra valenciana, que fue alcaldesa de Gandía, ha sabido conciliar durante su mandato, con discreción y entusiasmo, intereses contrapuestos y ha demostrado el empuje suficiente como para encarrilar el sistema científico español. Aunque lo que le queda por delante será su mayor desafío.

Pero en el área de Universidades Diana Morant tendrá un reto inaplazable en su agenda: el desarrollo de la nueva ley de universidades, aprobada en marzo de este año.Dentro de esta norma hay aspectos más o menos importantes, y hay uno que no olvidan los rectores. El compromiso del Gobierno de aumentar su presupuesto hasta alcanzar el 1 % del PIB. Y no solo se trata de la cifra en sí, sino de cómo van a llegar estos fondos. 

Pero más allá de deberes puntuales, las universidades anhelaban la recuperación de un gabinete que englobe ciencia y universidades, algo que se ha conseguido. Las universidades son las grandes investigadoras en este país y la compartimentación de estos ámbitos ha creado ineficiencias. Se vio en la ley de ciencia, que afectaba a ambos departamentos y a la que todavía le quedan flecos. Partir de una cartera común sería mucho más operativo a la hora de abordar los nuevos retos.

El estatuto del becario es otra patata caliente para las universidades. Los estudiantes que hacen prácticas deben cotizar a la Seguridad Social con esta norma y esto provoca tanta burocracia que el Gobierno ha tenido que retrasar su entrada en vigor hasta el 2024. Pero sigue siendo complicado gestionar tantas altas y bajas para una administración, la universitaria, cuyo personal de gestión es escaso. 

La oferta universitaria no depende del Ministerio, pero este sí tiene mucho que decir en los títulos. En Medicina, por ejemplo. Los rectores y los decanos de este grado demandan que se cree un acceso único a esta carrera en España, también la Xunta, y de momento el Ministerio no se ha posicionado. La petición es vieja y de hecho el Defensor del Pueblo ya emitió un informe sobre este tema hace años. Respecto a la misma carrera, el nuevo titular de este departamento deberá consensuar con su homólogo en sanidad si se sigue incrementando el número de plazas en Medicina -como ocurrió este curso- o se mantienen las mismas cifras. 

Garantizar el desarrollo de las nuevas figuras del profesorado universitario, fomentar el rejuvenecimiento de las plantillas -envejecidas en todas las instituciones públicas-, vigilar la multiplicación de universidades privadas, o abrir nuevos debates como el famoso mir de los grados educativos que vuelven a la palestra cada cierto número de años son otras de las tareas pendientes.

Retos transversales

La inteligencia artificial va a marcar un antes y un después. Pero en las universidades más. Hay otro ámbito en el que el responsable de la política científica del Gobierno central debería actuar, la internacionalización de las universidades a nivel investigador, su posición en los ránkings mundiales, la captación de talento o el control de la «mala» ciencia, como son los casos de fraude de científicos que firman publicaciones por dinero en revistas de impacto.