La caja gallega baraja ampliar el actual ERE al menos hasta los 1.500 empleados

Oficialmente nadie habla de ello, aunque en las últimas reuniones con los sindicatos flota en el ambiente. Lo cierto es que fuentes de Novacaixagalicia comienzan a dar por hecho que el duro ajuste de plantilla acometido hasta ahora no basta. Todo apunta a que al final será mayor. En gran medida porque el Banco de España lo exige. Y no solo para la entidad gallega, sino para el conjunto del sector.

La primera ola de fusiones destruyó en España 13.500 empleos una cifra más que respetable, tramitada casi en su totalidad a través de expedientes de regulación de empleo (ERE). Sin embargo, al regulador bancario le parece insuficiente. El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, admitió esta semana que las cajas han reducido entre un 10% y un 25% sus oficinas y entre un 12% y un 18% los empleos. Pero dejó entrever que quiere profundizar en esta línea.

En Novacaixagalicia se especula ya abiertamente con una ampliación del ERE planteado, que afecta por ahora a 1.250 empleos, con un coste próximo a los 300 millones para la entidad.

Extraoficialmente se habla de que el nuevo ajuste podría elevarse hasta los 1.500 empleos (250 más que actualmente). Hasta el momento nadie habla de despidos. De modo que las prejubilaciones que ahora afectan a los trabajadores de 55 años se rebajarían hasta los empleados con 54, un colchón que a priori sería suficiente para alcanzar los nuevos objetivos. La «urgencia» de la medida, según apuntan distintas fuentes, vendrá marcada directamente por la presión que ejerza en este sentido en Banco de España.

Demanda de UGT

Por otro lado, ayer se vieron en el juzgado de Instrucción 8 de Vigo las medidas cautelares solicitadas por UGT en la demanda presentada el pasado septiembre contra los miembros del consejo de administración de Caixanova que superaban los 70 años de edad, entre ellos el hoy co-presidente de Caixanova, Julio Fernández Gayoso. El sindicato sostiene que con esta edad se vulneran las leyes de cajas estatal y gallega. La jueza se pronunciará en unas semanas sobre la petición de que ninguno de ellos sea inscrito en el registro de altos cargos de la Xunta. Los afectados señalaron que las disposiciones transitorias de la ley gallega les amparan y que el Banco de España no puso objeciones.