La Voz de Galicia

Los costaleros de Semana Santa también bajo la lupa de la Pikachu

A Coruña

E. Eiroa A Coruña / La Voz

La jueza investiga si fue la edila de Cultura quien ordenó a una asesora la contratación de los trajes de la cabalgata

17 Feb 2014. Actualizado a las 07:00 h.

«Él siempre decía que necesitaba gente para aquí y para allá», cuenta sobre Tutor -jefe de Vendex- en su declaración antes De Lara por la Pikachu una funcionaria de Cultura. Mientras la ciudad rozaba el 20% de paro, la empleada municipal justifica las peticiones de currículos en que «Tutor nos había dicho el problema que tenía en encontrar personal para cosas puntuales», y admite que, sin pedirle jamás nada a cambio, algún nombre se le dio por si le convenía contratar a determinada persona.

La Concejalía de Cultura y el IMCE suman buena parte de los casos investigados por la jueza Pilar de Lara. Entre otras cosas, está bajo sospecha la contratación de los disfraces de la cabalgata de Reyes del 2013. «¿Pidió la concejala a una asesora que este le pidiera a su madre que se encargara de los disfraces?», le pregunta Pilar de Lara a la funcionaria de Cultura. La respuesta, como en tantas otras cuestiones, es negativa.

El caso va más allá de las actividades navideñas y la jueza pregunta también por cómo contrató y pagó Vendex a los costaleros que participaron en la Semana Santa del 2012. La magistrada busca saber quién se puso en contacto con la empresa para darle los nombres de esas personas. Una vez más, la empleada pública lo desconoce.

En la mayor parte de las grabaciones suyas que escuchó en el juzgado, cuando estas incluían charlas con Tutor sobre contratos, la trabajadora asegura no reconocer su voz.

El Acuario, el Ágora y un buen número de contratos del IMCE con Sermasa figuran en el ojo del huracán del caso Pikachu en A Coruña. Los pinchazos salpican directamente a parte del personal dependiente de la concejalía que dirige Ana Fernández, por quién pregunta en repetidas ocasiones la jueza para conocer su grado de implicación.

La edila no está imputada, aunque su nombre aparece repetido y citado en distintos puntos del sumario, un documento del que se desprende, entre otras cosas, que el Acuario funcionaba como una suerte de taifa en la que determinadas personas se repartían el control en connivencia con la empresa de Tutor, a quien algunos se empeñarían en facilitar que se hiciera con los concursos fuera de los cauces legales.

El IMCE funciona también, presuntamente, de un modo similar, con sospechas fundadas de enchufismo y trato preferente a una determinada empresa.


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