Declaran 10 técnicos y excargos del PSOE por la reclamación de Nostián

El proceso iniciado por la empresa Albada, la gestora de la planta de reciclaje de residuos de Nostián, contra el Ayuntamiento coge velocidad. Hoy está prevista la declaración como testigos en el juzgado de lo Contencioso-Administrativo de diez técnicos, tanto de la empresa como municipales, y antiguos cargos de los gobiernos socialistas que pusieron en marcha la instalación, entre ellos los exalcaldes Javier Losada y Francisco Vázquez.

Albada es una filial de la multinacional ACS que encabeza Florentino Pérez. La compañía reclama 32 millones de euros a la administración local por el desequilibrio económico en la concesión de Nostián, cuyo funcionamiento y viabilidad económica han sido objeto de numerosas polémicas desde que fue inaugurada el 19 de enero del 2002.

Albada presentó su demanda ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 a principios de este año, cuando la tensión entre la firma y el gobierno local que entonces lideraba Carlos Negreira (PP) se tradujo en un intercambio de acciones judiciales entre ambas partes.

Entre los llamados a testificar hoy, todos a petición de Albada, están los dos exregidores citados y tres antiguos concejales de Medio Ambiente que participaron en sus gobiernos: Pedro Vasco Pardavila, Carmen Marón Beltrán y Nieves Vázquez Novo. También acudirán como testigos dos técnicos municipales del área de Medio Ambiente, Begoña López y Fernando Roade; el exconsejero delegado de Sogama Francisco Antonio Bustío, y dos directores técnicos de Albada, Daniel Otero y David García.

Todos acuden como testigos para ayudar a esclarecer lo ocurrido con la concesión de la planta de reciclaje y su viabilidad, y en ningún caso se les imputan responsabilidades personales.

Las auditorías de Nostián

La reclamación de Albada se fundamenta en gran parte en las auditorías realizadas durante el anterior mandato sobre el funcionamiento de Nostián. Los estudios, realizados por empresas independientes y que no fueron mostrados al público durante meses, concluyeron que se hicieron previsiones erróneas cuando se planificó la construcción de la planta, y que esas equivocaciones causaron fuertes pérdidas económicas a la concesionaria.

La firma reclama ahora la compensación de esas pérdidas, que estima en 32 millones de euros. Sin embargo, en caso de que los tribunales le den la razón, la cifra definitiva podría ser superior, ya que se podrían añadir intereses por el tiempo transcurrido.

Otro tanto ocurre con otra de las demandas presentadas por Albada. Se trata de una reclamación presentada a principios del anterior mandato en la que exige el pago de la revisión de precios aprobada durante el gobierno bipartito. En ese caso la empresa estima que se le deben unos siete millones de euros, aunque la cifra también podría variar por los intereses y dependerá, en última instancia, de la decisión del juez.

La empresa también llevó a los juzgados la decisión del Ayuntamiento de personarse en ese procedimiento judicial, pero en ese caso los tribunales fallaron a favor de la administración local.

Por su parte, el Ayuntamiento también inició un proceso contra Albada para declarar la lesividad de un acuerdo de la junta de gobierno adoptado en abril del 2011, también durante el bipartito, por el que se reconocía el pago anual de 3,3 millones a la firma.