El fiscal no denunciará la compra de pisos al afín a la Marea, pese a confirmar la «ausencia de control»

La Fiscalía Provincial de A Coruña anunció ayer que «no presentará querella» en los juzgados por las irregularidades en el concurso de compra de viviendas. El fiscal, que ordena el archivo de las diligencias penales que abrió a raíz de una denuncia del grupo municipal del PP, considera que las irregularidades detectadas en el proceso de compra no tienen «repercusión penal». Lo mismo dice sobre la actuación de los responsables municipales tras las adquisiciones, aunque señala la actitud «renuente, oscurantista, pasiva» del alcalde.

El PP presentó su denuncia el pasado mes de octubre, después de que el Consello Consultivo dictaminase que el Ayuntamiento debía anular la compra de dos pisos adquiridos por el Ayuntamiento para uso social después de un concurso público. Las propiedades fueron ofertadas por Toni Lodeiro Zas, un firmante del manifiesto de la Marea y colaborador en el arranque del partido, que percibió 145.865 euros.

El Consello Consultivo anuló esa operación al detectar distintas irregularidades en el proceso de compra, que afectan además a otras tres propiedades de la seis adquiridas en total. El proceso para devolver los pisos y que el Ayuntamiento recupere el dinero todavía no ha concluido y es posible que llegue a los juzgados.

La decisión de la Fiscalía no afecta a la del Consello Consultivo, y el Ministerio Público no rechaza las irregularidades detectadas por esa institución ni otras que denunciaron todos los grupos políticos en distintos plenos y comisiones durante el pasado año. Pero sí considera que esos «defectos» del procedimiento no tienen una repercusión penal.

Así, el fiscal señala que la comisión que valoró los pisos «ni comprobó ni encargó ninguna inspección específica sobre el cumplimiento de determinados requisitos de medidas de superficie y huecos a la vía pública, exigencias en las que fueron deficitarios los cinco inmuebles». Pero añade que «al no apreciarse ningún dato del que pueda derivarse connivencia de sus componentes con los denunciados [el gobierno local], impide apreciar en las resoluciones de estos patente contradicción o contrariedad con el ordenamiento jurídico, sin que la ausencia de un control del cumplimiento de los requisitos (...) tenga repercusión penal alguna, como tampoco la falsedad ideológica de los particulares en los datos que reflejaron en los impresos de las ofertas». La falsedad ideológica es un concepto jurídico que alude a un documento auténtico cuyo contenido no se corresponde con la realidad reflejada. Aunque no se concreta en el escrito del fiscal, todo indica que se refiere a las medidas de los pisos que, en la oferta manuscrita firmada por el vendedor, aparecían con unas medidas que no se corresponden con las del registro de la propiedad y otros documentos. 

La actitud del regidor

En cuanto a la conducta de los responsables políticos después de que se detectasen las irregularidades, el fiscal señala que «la urgencia en el otorgamiento de las escrituras», que se firmaron antes de que terminase el plazo para alegar contra ellas, «no cerró la posibilidad de impugnar las resoluciones». Señala que el 11 de abril del 2018, la junta de gobierno hizo un «atropellado intento de reparación» de lo ocurrido, cuando aprobó iniciar el proceso para anular la compra de solo uno de los pisos del firmante.

También considera que las resoluciones de tres juntas de gobierno en las que, entre otros trámites, se desestimaron las alegaciones que los demás partidos aprobaron denunciando las irregularidades, «independientemente de la imagen que ofrecen del poder político, no pueden calificarse de resoluciones absolutamente contrarias al ordenamiento jurídico, porque carecen de la trascendencia requerida».

Finalmente, señala que se puede plantear el «examen de la actitud «renuente, oscurantista, pasiva del regidor municipal», por su rechazo a poner fecha al pleno que convocó el PP para tratar la compra de pisos. El fiscal descarta que tenga «repercusión penal» porque sí se celebró, aunque fue el secretario del Ayuntamiento quien lo convocó, de acuerdo al reglamento municipal, al no hacerlo Ferreiro.

Nueva investigación

En su escrito, la Fiscalía abre una nueva investigación sobre el cambio de uso de otro piso en la calle Joaquín Martín Martínez, en el que se basó la comisión para adquirir el del firmante de la Marea. El fiscal afirma que la licencia de cambio de uso, otorgada en el 2011 por el anterior gobierno del PP, carece de repercusión penal, pero el fiscal sí quiere examinar «la tipicidad de la reseña de altura del inmueble», por parte del arquitecto que lo redactó.

Un tercero sin los huecos a la calle exigidos por 91.290 euros

El piso de la calle Santander es un tercero con ascensor que costó 91.290 euros. El Consello Consultivo anuló su compra, entre otros motivos, porque carece de los huecos a la vía pública que requerían las bases. Como en el caso de Joaquín Martín Martínez, el proceso de reversión de la operación de compraventa no ha concluido por el momento.

Una oficina en un cuarto sin ascensor que costó 56.575 euros

El piso de la calle Joaquín Martín Martínez es un cuarto sin ascensor que no tiene uso de vivienda, sino de local comercial. No puede ser convertido porque no cumple las medidas mínimas. Costó 54.575 euros. La comisión que valoró los pisos lo aceptó porque el piso de enfrente, en principio gemelo, sí fue transformado en vivienda en el 2011.