Del todos contra todos a la solución global

Los esfuerzos de las últimas semanas para intentar reconducir el futuro del puerto de A Coruña, con la cumbre del 23 de febrero convocada por la alcaldesa y la reunión entre el ministro José Luis Ábalos y el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, la semana pasada, aún no han dado frutos materiales, pero suponen un cambio de tendencia tras la ruptura total que se produjo durante el anterior mandato. 

Los acuerdos actuales

Convenios y tren. En la cumbre de María Pita del 23 de febrero se confirmó que los convenios del 2004, que prevén pagar los 300 millones de la deuda del puerto exterior urbanizando los muelles interiores, están obsoletos. Se acordó formar una comisión para redactar un nuevo acuerdo que reemplace al del 2004, y los representantes del Estado subrayaron que van a garantizar la viabilidad de Langosteira. 

En la reunión Feijoo-Ábalos se confirmaron esos compromisos, y el ministro anunció además que el gobierno encarará la construcción el enlace ferroviario a punta Langosteira, probablemente con fondos europeos.

No se concretaron fechas, ni la vía de financiación. Pero sí se confirmó la voluntad de impulsar la obra y, como insistieron Ábalos y el presidente gallego, de buscar una «solución global» para el futuro del puerto. Deberá avanzarse en ella en la reunión monográfica que anunció el titular de Transportes para después de la Semana Santa, en la que también estará el Ayuntamiento, cuya presencia fue considerada imprescindible por Feijoo y Ábalos.

El acuerdo pasado

Ferrocarril y fondos. Hay avances, pero la situación todavía está lejos de la del 2018, cuando la Xunta, el Ministerio de Fomento y Puertos firmaron un protocolo que ponía fecha a la licitación de las obras del enlace ferroviario -primera mitad del 2019- e incluía el compromiso del Gobierno gallego de aportar 20 millones de euros para garantizar la titularidad pública de La Solana y los muelles de Batería y Calvo Sotelo. Esos fondos permitirían a la Autoridad Portuaria aliviar la deuda de 300 millones derivada de la obra de punta Langosteira. 

El protocolo invitaba a otras Administraciones, como el Ayuntamiento o la Diputación, a sumarse al pacto aportando fondos, lo que permitiría garantizar la titularidad pública de San Diego y contribuir a la reducción de la deuda de punta Langosteira. 

La ruptura

Todos contra todos. El Ayuntamiento de A Coruña rechazó el protocolo por completo, incluyendo la aportación de 20 millones de euros de la Xunta y el compromiso de ejecutar el tren. 

El gobierno local, liderado por la Marea, tuvo su primer motivo de queja en que no se había invitado a la firma al entonces alcalde, Xulio Ferreiro, y rechazó cualquier posibilidad de sumarse al protocolo o negociar sus términos antes de la firma definitiva.

El PSOE y el BNG secundaron las postura de la Marea Atlántica y consideraron una «deslealtad» la negociación entre el Gobierno central y la Xunta. La moción de censura que desplazó del Ejecutivo al PP de Mariano Rajoy impidió que el protocolo se consolidase. La ruptura se consolidó poco después, cuando las relaciones de la Marea con el PSOE y con Podemos quebraron antes de las municipales. El debate sobre el puerto se convirtió en un todos contra todos y se estancó. 

Las grietas previas

Tres años de choques. La ruptura del 2018 estuvo precedida por tres años de enfrentamientos entre el anterior gobierno local con el Gobierno central, la Xunta y la Autoridad Portuaria. En esos años se retrasaron todos los proyectos compartidos con esas Administraciones, desde la ampliación de Alfonso Molina a la construcción del centro de salud de Santa Lucía o de la intermodal. La mayoría de ellos todavía se están retomando en este mandato, como ocurre con el puerto. 

El viraje

Compromiso de diálogo. Tras tomar posesión, Inés Rey anunció que corregiría esa situación y retomaría el diálogo institucional. Feijoo cogió el guante y la Xunta, además de retomar proyectos como Santa Lucía, ha lanzado otros como el Novo Chuac o un albergue de peregrinos. 

Con frentes en todo el país, las inversiones estatales suelen ir a las ciudades con disposición a llegar a acuerdos, y A Coruña no estuvo ahí entre el 2015 y el 2019. Así, mientras vira la maquinaria administrativa, los avances con el Gobierno central han sido más lentos, pero los hay, como en la pasarela de Pedralonga o la promesa de sanear la ría.

También se ha reconducido la relación con la Autoridad Portuaria, sobre todo tras llegar a la presidencia Martín Fernández Prado, que ha anunciado la reapertura de los muelles a los ciudadanos. 

El futuro inmediato

Una decisión compleja. Tres años después, ninguno de los partidos que rechazaron el protocolo del 2018 ha planteado una alternativa aceptable para el Estado. La Marea y el BNG exigen al gobierno condonar la deuda, asumir el tren y abordar la urbanización de los muelles. El Gobierno niega toda posibilidad de condonar la deuda, aunque está dispuesto a buscar soluciones de viabilidad. La Xunta y el Puerto defienden el pacto del 2018. El gobierno de Inés Rey insiste en que hay que negociar, pero si nada cambia tendrá que optar entre la «solución global» de Ábalos y Feijoo, o la vuelta al pulso con la Xunta y el Estado.