El PP dice que la edila de Medio Ambiente de A Coruña conocía la trama del STL y Fontán lo niega

La tormenta del caso STL ha alcanzado las cúpulas de María Pita. Según el PP, la concejala de Medio Ambiente de A Coruña, Esther Fontán, afirmó este jueves que las irregularidades en el servicio municipal de limpieza viaria que investiga la titular del Juzgado de Instrucción número 6 eran un secreto a voces, y que el gobierno local socialista no llevó a cabo las labores de control y seguimiento del contrato por falta de personal, a pesar de haberlo solicitado la edila reiteradamente. Con estos términos lo desveló el PP al término de la Comisión de Medio Ambiente, en la que, según los populares, la concejala admitió que nunca tuvieron pruebas documentales para actuar y que tampoco habían asesorado a la concesionaria, como ordena el pliego, en la elección de la empresa de economía social subcontratada para emplear a personas discapacitadas, y que está siendo investigada.

Las palabras del PP no gustaron, sin embargo a la concejala, que reaccionó asegurando que «es lamentable que el PP utilice un caso como este, en el que nos hemos personado, para intentar atacar al gobierno local vinculándolo con unas presuntas prácticas criminales de las que nada sabíamos hasta los que aparecieron las primeras informaciones en los medios».

«Es indigno que el PP utilice mi nombre para sacar frases de contexto y poner en mi boca afirmaciones que jamás he hecho», insistió Esther Fontán. «Mi reflexión sobre que era del dominio público la forma de proceder del sindicato se refería a que en sucesivas protestas han puesto al límite el servicio, algo que todo el mundo sabe. Jamás dije que supiera de prácticas criminales o delictivas porque por supuesto las habría puesto en conocimiento de la justicia. Atribuirme tales afirmaciones es indigno y seguramente, delictivo», añadió. En todas las Administraciones, dice Fontán «falta personal, pero hacemos nuestro trabajo con profesionalidad y lo sacamos adelante en condiciones»

El alegato de Fontán, que no repetirá en la candidatura de Inés Rey para las municipales de mayo, se produjo 24 horas después de que el Ayuntamiento anunciara que se personará en calidad de perjudicado en el procedimiento judicial que se sigue contra cuatro personas acusadas de estafa, blanqueo de capitales y corrupción en los negocios. Según la Policía Nacional, Miguel Ángel Sánchez, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Limpieza (STL), organizó una red corrupta que se valió del control de las contrataciones que le habría cedido la concesionaria municipal para cobrar mordidas a parados, muchos de ellos familiares de trabajadores de la empresa, a cambio de empleos eventuales.

El STL se hizo en el 2009 con la mayoría de representantes en el comité —en la actualidad tiene 12 de los 13 delegados sindicales— y al menos desde el 2014 habría recibido, a través de Sánchez, pagos de trabajadores a cambio de empleos, de acuerdo con el testimonio de un hombre que contó a La Voz haberle entregado en esa fecha 4.000 euros con la promesa de un puesto fijo.

Desde entonces gobernaron A Coruña el PP, la Marea y el PSOE. Los populares señalaron ayer a las dos concejalías que deben tutelar el contrato, Hacienda, en manos de José Manuel Lage Tuñas, y Medio Ambiente, dependiente de Fontán, y consideraron negligente su actuación, ya que «el personamiento ha llegado tarde, al igual que la investigación interna que se ha limitado a solicitar informes a la concesionaria», señalaron. La Marea instó al gobierno a hacer uso de las herramientas de las que dispone para «garantir limpeza na limpeza». Y el BNG, que tildó la reacción municipal de «tardía, contraditoria e vacilante», arguyó que no puede el ejecutivo local «pretextar descoñecemento das irregularidades, pois foi alertado» por los nacionalistas en abril y julio del 2022.

Veintitrés días de mutismo de FCC e Ingeser

Continúa en silencio 23 días después Fomento de Construcciones y Contratas, «voz única» de la concesionaria de la limpieza viaria de A Coruña, según señaló este jueves un portavoz de la sociedad Ingeser Atlántica, con la que FCC integra la UTE adjudicataria del servicio. Ni la dirección local ni la sede central en Madrid han respondido a La Voz sobre su implicación en una trama que, según la Policía Nacional, se aprovechó de la cesión de competencias de la empresa al sindicato investigado.