El Ayuntamiento de A Coruña tendrá que especificar zonas para limitar los alquileres

El Gobierno gallego, que en un primer momento mostró su negativa a declarar a A Coruña zona de alquiler tensionado, abre ahora la puerta a la medida. Así lo confirman desde la Xunta, que prevé incorporar a través de la ley de acompañamiento a los presupuestos, mediante una enmienda que presentó el PP, aclaraciones de los pasos que los ayuntamientos deberán seguir para decidir si son o no mercados en tensión.

Tras la decisión del Ejecutivo autonómico, el Ayuntamiento, que a inicios del mes pasado envió una carta a la Xunta solicitando que la urbe fuese declarada zona de alquiler tensionado, deberá realizar un informe sobre la situación con el objetivo de justificar su postura. Desde la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda destacan que «non hai un cambio de criterio, senón que se trata de atender a demanda dos posibles interesados e tratar de facilitar que o recoñecemento desas zonas tensionadas se faga de xeito ordenado e rigoroso». Desde la Xunta añaden que la solicitud del gobierno coruñés, enmarcada en la Ley de Vivienda estatal, «a única recibida ata o de agora, debería ir acompañada da correspondente argumentación e xustificación».

Áreas concretas de la ciudad

Por ello, «e ante o posible interese doutros concellos pola medida», desde la Xunta han optado por incorporar una disposición adicional en la Lei de Vivenda galega «a través da Lei de Medidas Fiscais e Administrativas dos Orzamentos do 2024, na que se regula o procedemento de declaración, así como a documentación e tramitación que deben seguir as entidades locais que queiran contar con zonas tensionadas nos seus municipios, para acreditar a conveniencia desta iniciativa», indican desde Vivenda. Desde la Xunta aclaran también aclaran que «estamos a falar de zonas tensionadas, é dicir, de determinadas áreas das cidades ou localidades, pero non de núcleos urbanos ao completo».

Asimismo, desde el gobierno gallego insisten en que la ley estatal «non clarifica o procedemento dado que, cómpre lembrar, tanto as autonomías como os concellos teñen competencias en materia de vivenda». Por ello, consideran necesario clarificar el proceso. «De feito, esta é unha das cuestións que queremos aclarar na comisión bilateral que solicitamos ao Goberno central para resolver as dúbidas de competencias relativas á nova Lei polo Dereito á Vivenda e cuxa data de celebración aínda está pendente de fixarse por parte do Ministerio», señalan.

Alta demanda

Desde María Pita consideran positivo «que la Xunta rectifique su postura» y señalan que ahora encargarán el informe correspondiente para que su solicitud sea valorada. En el escrito municipal inicial, firmado por el portavoz del gobierno local, José Manuel Lage, dirigido a la vicepresidenta primera del Gobierno gallego y conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, desde el Ayuntamiento recordaban que en la ciudad hay 2.305 demandantes de vivienda pública inscritos oficialmente en el registro del Instituto Galego da Vivenda e Solo, lo que consideran constata que «a oferta actual de vivenda na cidade non responde ás necesidades reais da poboación», argumentaban.

Para corregir la situación solicitaban la elaboración de un informe sobre el mercado residencial, con los indicadores de los precios de alquiler y venta de viviendas y su evolución en el tiempo, además de los niveles de renta de los hogares para «poder medir a evolución do esforzo económico que teñen que realizar os cidadáns para dispor dunha vivenda digna e adecuada». Ahora, será el propio Ayuntamiento el encargado de realizar el análisis y remitirlo a la Xunta para su valoración.

Las inmobiliarias mantienen su negativa a limitar los precios: «Bajaría la oferta»

El sector inmobiliario mantiene su postura contraria a declarar A Coruña zona tensionada. Desde el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de la provincia mantienen su rechazo a la medida y reiteran que la iniciativa se traduciría en una bajada de la oferta de alquiler.

«La última vez que hablamos con el gobierno autonómico no tenían previsto declarar zonas tensionadas, entonces estamos a la espera de que nos convoquen», indica la presidenta de la entidad, Patricia Vérez. «Consideramos que la medida sería perjudicial, tanto para los intereses de los propietarios como de los inquilinos. Si se limitan los precios habría menos viviendas en alquiler», sostiene Vérez. En la misma línea se manifiesta Teresa Suárez, vicepresidenta del Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Galicia. «La única forma de que bajen los precios es aumentar la seguridad jurídica», indica. Un punto en el que también coincide Benito Iglesias, presidente de la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein). «La Ley de Vivienda y la petición de la alcaldesa de A Coruña a la Xunta han generado más preocupación en los propietarios. Así, muchos han decidido sacar sus viviendas del circuito del alquiler para destinarlas a rentas temporales, vacacionales o venta. Hay entre 350 y 500 domicilios en alquiler, nunca hubo tan pocos. Sin embargo, en un año el número de habitaciones en esa modalidad han subido un 40 %, ya que muchos dueños han decidido cambiar a esa fórmula. También han subido las de alquiler estacional, en un 20 %, y las de uso turístico se han triplicado en 15 meses, pasando de ser apenas 400 a más de 1.000», explica.