La crisis de la basura de A Coruña se agrava a falta de acuerdo y entra en su séptimo día

Día 7 del conflicto en el servicio de recogida de basura de A Coruña urdido por Miguel Ángel Sánchez, cabecilla del Sindicato de Trabajadores de la Limpieza (STL), sin acuerdo a la vista y con mensaje de la alcaldesa responsabilizando a la concesionaria. Según fuentes de la plantilla, la crisis tiene su origen en el empeño del cabecilla en poner contra las cuerdas a la empresa para forzarla a que le entregue el control de las contrataciones temporales con las que, de acuerdo con la investigación policial, se lucró durante años y que perdió tras su arresto en febrero del 2023. 

Como ocurrió en la grave crisis del 2022 y en la del último diciembre, Sánchez evita llegar a la huelga —«la gente se negaría», advierten trabajadores críticos con el sindicato— y arma el conflicto con medidas puntuales para retardar la actividad (inusuales en tiempos de paz), como no superar los 30 kilómetros por hora o balizar escrupulosamente determinadas maniobras. Pero sobre todo se apoya en la negativa de los operarios a cumplir órdenes de sus superiores. Así lo propuso en la asamblea del 1 de febrero que inauguró la crisis, en la que advirtió que la batalla no había hecho más que empezar y llegó a deslizar la posibilidad de despidos. «Como caiga un sancionado, como caiga un despedido», las acciones se endurecerán, avanzó. 

«Canjear despidos»

«Miguel si se tira al río es capaz de todo. Los sancionados o despedidos le pueden servir para recrudecer el conflicto y después canjearlos por lo que a él le interese. Como siempre, nos está manipulando. Él sobre todo quiere tener el control de los contratos temporales para meter a los suyos o ahora, de cara al juicio —Sánchez está investigado por estafa, blanqueo, corrupción, fraude a la Seguridad Social y descubrimiento y revelación de secretos— evitar que vayan a declarar contra él», sostiene un trabajador de Prezero.

En la asamblea de hace una semana, el cabecilla centró su arenga en un acuerdo sellado el 22 de diciembre por él mismo y, en particular, en la reorganización de los turnos que Prezero supuestamente interpreta mal. Ni una palabra dedicó a informar a la plantilla de la demanda que había presentado dos días antes en el servicio de mediación y arbitraje (SMAC) contra la empresa y cuyo único fin, de acuerdo con los cuatro ruegos finales, es «imponer, pero nominalmente, con nombres y apellidos, al personal eventual», revela un empleado.

La mesa de negociación Prezero-STL se reúne a diario, desde el martes, pero no han trascendido avances que permitan prever un acuerdo rápido. Las brigadas continúan trabajando al ralentí y algunos empleados no descartan una escalada en los sabotajes, como ocurrió en el 2022 y quedó acreditado en la investigación judicial. Esta semana los recorridos no pudieron completarse, supuestamente, a causa de averías. «Ahora los camiones son nuevos pero de repente fallan todos», anota un conductor. Hace dos años las averías precedieron a los pinchazos y, estos, a la quema de vehículos. A los seis días, con la basura apilada por toda la ciudad, la alcaldesa decretó la emergencia sanitaria y movilizó a Tragsa.

Ayer Inés Rey exigió a la compañía, cuyo contrato con el Ayuntamiento anuló la justicia, que «cumpra cos pregos». Recordó la respuesta municipal del 2022 —«non me ten tremido a man cando tiven que tomar decisións»— y aludió a «algún tipo de distorsión» en la prestación del servicio que Prezero debe regularizar. Evitó pronunciarse sobre el líder del STL, que espoleó: «A la alcaldesa le tiene que llegar la mierda al tercer piso». «Non vou entrar en ningún tipo de provocación», zanjó Rey.

Por su parte, el grupo municipal del BNG volvió a denunciar «os incumprimentos reiterados» de la pretación del servicio por parte de la concesionaria «sen que o Goberno local teña imposto as penalidades pertinentes». El portavoz del BNG, Francisco Jorquera, señaló que «a todo isto súmanse as prácticas chantaxistas dun determinado grupo que segue recorrendo á realización de folgas encubertas como mecanismo de presión para menter o seu control sobre os criterios de contratación do persoal e a súa promoción interna».