Los procuradores de A Coruña denuncian que una reforma legal en trámite les impediría subastar bienes incautados a los narcos

El Colegio de Procuradores de A Coruña y la Fundación Galega contra o Narcotráfico alertan de que el Proyecto de Ley Orgánica de eficiencia del Servicio Público de Justicia «pondría en riesgo uno de los pilares de la eficacia en la lucha contra el narcotráfico» al desbaratar una de sus disposiciones la prestación del Servicio de Gestión de Bienes intervenidos al Narcotráfico (SGB) que desde el 2014 realizan de manera conjunta las dos instituciones. Los procuradores coruñeses aseguran que el proyecto legislativo modifica el artículo 636 y deja sin contenido el 641 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en el que se facultaba a los colegios de procuradores a realizar subastas como entidades especializadas. 

«En la práctica, esta modificación impediría al Colegio y a la Fundación gestionar y subastar los bienes incautados al narcotráfico, imposibilitando la prestación de un servicio especialmente valorado por las unidades policiales y judiciales de Galicia, con el que contribuyen y colaboran eficazmente en la lucha contra el crimen organizado», esgrimen.

El decano del Colegio de Procuradores de A Coruña, Javier Carlos Sánchez García, y el presidente de la Fundación Galega contra o Narcotráfico, Manuel Couceiro Cachaldora, han remitido al secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, y a todos los grupos parlamentarios una carta expresando su preocupación por la modificación legal prevista y solicitando que se deje sin efecto esa disposición en la redacción definitiva de la ley. «La citada reforma legal supondría un grave retroceso en la lucha contra el narcotráfico puesto que dificulta —cuando no impide— y ralentiza la venta de los bienes muebles intervenidos al quedar solo como canal de venta la subasta judicial a través del Boletín Oficial del Estado», aseguran. 

Una década de colaboración

La Xunta de Galicia colabora con la entidad colegial y la Fundación desde hace diez años poniendo esta herramienta a disposición de los juzgados, lo que permite agilizar el trabajo de las unidades judiciales, aportar ingresos directos al Estado a través de la venta anticipada de los bienes bajo autorización, reduciendo los costes de los depósitos y fomentando el uso social de los bienes decomisados. 

En este sentido, el pasado 9 de octubre la Xunta anunció la elaboración de un protocolo para la gestión de los bienes muebles intervenidos en operativos antidroga para favorecer una dinámica de trabajo común en Galicia y permitir que se siga avanzando en el trabajo que llevan a cabo el Colegio de Procuradores y la Fundación Galega contra o Narcotráfico con autoridades policiales y judiciales.