Una sentencia firme contra Oleiros anula la contribución especial de Mera

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha ordenado la ejecución de la sentencia emitida por este mismo tribunal contra el Concello de Oleiros, al que obliga a devolver 97.000 euros a los dueños de unas parcelas de Mera a los que cobró unas contribuciones especiales. Durante las últimas semanas, desde el entorno del gobierno local se señaló que se iba a recurrir la sentencia, pero el alto tribunal gallego la acaba de declarar firme.

El caso se originó en el 2019, cuando el Concello optó por imponer esas contribuciones para sufragar parte de los gastos de la urbanización de la Rúa da Tema, en Mera. Dichas parcelas iban a ser desarrolladas años antes por la promotora Galibrokers, dueña de las fincas, como parte del contrato de la construcción de seis viviendas en la zona. Para ello puso un aval de 64.720 euros como garantía de las obras de urbanización, una cifra que el Concello dio por buena. Pero, Galibrokers no ejecutó a tiempo su proyecto y las licencias caducaron. De este modo, el Concello intentó contratar otras empresas para que realizaran las obras de urbanización con el aval retenido, pero todas las constructoras lo rechazaron porque esos 64.720 apenas eran una tercera parte del presupuesto necesario para hacer las aceras en la Rúa da Tema. Entonces, el Concello impuso esas contribuciones especiales para completar la cantidad, 108.000 euros, recaudando el 90 % entre los vecinos —los 97.000 que ha de devolver ahora con intereses de demora—, mientras el Ayuntamiento corría con el otro 10 %.

Uno de los afectados por el cobro ilegal de esta contribución es el exconcejal socialista Jorge Pérez. «Esperamos que el Concello proceda con la diligencia que resulta exigible a cualquier Administración pública, sin evitar, como en otras ocasiones, dar debido cumplimiento a lo ordenado por los juzgados», indicó Pérez.

Un gasto para todos los vecinos

«El caso es que serán las arcas municipales, esto es, todos los vecinos de Oleiros, los que tengamos que asumir el coste de las obras realizadas, y que debieran ser asumidas por la citada promotora. A ello deberá añadirse las costas procesales que tendrá que abonar el Concello, y los intereses correspondientes de varios años. Y a eso habrá que contar el coste de los abogados y procuradores contratados por el Ayuntamiento, es lamentable», indica el exconcejal.