La otra brecha educativa de A Coruña: cuando el precio del alquiler decide dónde estudias

Con miles de gallegos pendientes de saber si entrarán o no en la carrera de sus sueños, la ABAU ya no es el único obstáculo que se encuentran en su acceso a la universidad. Asegurarse un techo para el curso escolar se ha convertido en un escollo que, en A Coruña, tiene su particular agravante: la escasísima oferta de residencias públicas. No es que la cifra sea exigua, es que tan solo existe un alojamiento de estas características y cuenta con cien plazas. Si a esto se le añade que las residencias privadas suman poco más de mil camas y lo complicado que les resulta a los jóvenes poder alquilar un piso, la problemática está servida.

Solo en los campus de A Coruña y su área metropolitana hay 11.618 alumnos esperando graduarse en la UDC. Esto deja una ratio de una plaza en la residencia Elvira Bao, la única pública, por cada 116 universitarios. Para el resto de alumnos quedan, en caso de buscar este tipo de alojamiento, poco más de mil plazas en las cinco residencias privadas que hay en la ciudad —todas tienen el plazo de matrícula abierto—, y cuya horquilla de precios va de la excepción de La Luz, cuya estancia cuesta 250 euros al mes; a los más de mil euros que hay que pagar por la mejor habitación de Rialta, residencia que tiene habitaciones por a partir de 320 euros.

Esta situación lleva años preocupando al arquitecto Xosé Lois Martínez. Quien fuera vicerrector de Infraestructuras y Gestión Ambiental de la UDC entre el 2003 y el 2011, indica que «os problemas da universidade non acaban na aula». Más concretamente piensa que la propia universidad puede incluso «xerar problemas» que agrandan «unha fenda entre os estudantes, porque moitos alumnos non están la UDC porque non teñen onde vivir». Martínez se remonta al 2005 para mencionar un proyecto que, finalmente, nunca vio la luz. Se trataba de dar un impulso al alojamiento público universitario a través de un convenio de colaboración entre la Xunta  y la UDC que permitía la adquisición de 45.000 metros cuadrados de un terreno que unía el campus de Elviña y el de la Zapateira. 

Teresa Táboas, que estaba entonces al frente de la Consellería de Vivenda e Solo, lamenta que este proyecto «se guardase en un cajón y nadie lo haya querido recuperar». Continúa: «Este tipo de residencias hacen más justo el acceso a la educación. Aunque existan residencias privadas, es fundamental que exista una oferta pública de alojamiento de estudiantes para que la sociedad sea más igualitaria y más justa», comenta. 

Hasta el 2018 A Coruña no tuvo una residencia pública para estudiantes, y durante mucho tiempo fue la única ciudad de España que no prestaba este servicio a sus alumnos. La llegada de la residencia Elvira Bao aliviaría un conflicto encallado durante lustros, pero algunos como Xosé Lois Martínez consideran que cien plazas no son suficientes para dar respuesta a las necesidades de los estudiantes. Pero, además, el arquitecto piensa que la coyuntura actual perjudica también a los propios coruñeses, pues estos alumnos acaban copando las zonas que conectan con los campus, como son Elviña, Cuatro Caminos, Os Mallos y Juan Flórez. «Unha familia non pode acceder a un piso de catro habitacións polo que cada estudante paga 250 euros».

Esta cifra que apunta Martínez es el precio mínimo que, según LC inmobiliaria, están pagando los estudiantes en una vivienda compartida. El alza del precio de los alquileres hace que muchos jóvenes se encuentren en una situación de vulnerabilidad, sumado a una oferta cada vez más escasa para este perfil de inquilinos, ya que muchos propietarios prefieren ahora destinar sus inmuebles a viviendas turísticas. «Por lo general, a estas alturas del año teníamos disponibles ocho o diez pisos para universitarios, y en este momento no tenemos ninguno». 

Alba Becerra es de Ferrol y estudia Educación Social en A Coruña. Tras dos años levantándose a las seis de la mañana para entrar en clase a las nueve, ha decidido instalarse en la ciudad junto a su pareja, también universitario. «Es verdad que casi no hay pisos y nos está siendo imposible encontrar algo por menos de 550 euros». Más sangrante que la mensualidad que se verán obligados a pagar, le parecen las condiciones que les exigen algunas inmobiliarias: «Nos han llegado a pedir 200 euros por enseñarnos un apartamento, e incluso que pagásemos 90 euros para que un abogado estuviese presente en una visita». Alba cuenta que cuando empezó la carrera se planteó vivir en una residencia privada, «pero los precios son desorbitados».