La Voz de Galicia

Belloch cree que hay que anular la selección e iniciar de nuevo el proceso

Cultura

EFE

Ha apoyado expresamente la investigación iniciada por la ministra de Cultura, Ángeles González Sinde, con quien habló ayer del asunto y esta le aseguró que está dispuesta a llegar «hasta el fondo».

15 Jul 2011. Actualizado a las 15:31 h.

El alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, ha afirmado hoy que, de confirmase que el jurado que seleccionó a San Sebastián como Capital Europea de la Cultura 2016 estaba «contaminado», se tendrá que anular el veredicto e iniciar desde el principio el proceso.

Belloch ha informado de que ayer recibió la misma documentación procedente de Francia que el alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto, en la que presuntamente quedaría demostrado que el proceso de selección de la capitalidad cultural europea ha estado contaminado por una miembro del jurado que hizo recomendaciones a San Sebastián.

Si se confirman los hechos, habrá que anular el veredicto, disolver el jurado y nombrar otro, e iniciar desde el principio el proceso, ha dicho en una rueda de prensa Belloch, quien da credibilidad a la documentación que ha recibido.

«Tengo la impresión de que es un tema grave, que muy probablemente es cierto», ha aseverado.

En esa documentación, aparecen archivos que de comprobarse su veracidad, comprometerían a Cristina Ortega Nuere, una de los trece integrantes del jurado que eligió San Sebastián como Capital Europea de la Cultura y que es miembro desde diciembre de 2010 del Consejo de la Cultura del Gobierno vasco.

Belloch ha calificado de «grave» que esta persona, después de ser elegida miembro del jurado, aceptara el cargo de asesora del Consejo de la Cultura del Gobierno vasco, porque equivale a perder «toda independencia», pero podría serlo mucho más si, como parece, además asesoró sobre cómo debía plantarse la candidatura de San Sebastián «para que tuviera más posibilidades de éxito».

«Eso es lo que parece deducirse de los documentos enviados» y hace «imprescindible» que el Ministerio de Cultura, como ha decidido hacer, inicie una investigación.

Eso equivaldría, ha puesto como ejemplo Belloch, a que un miembro de un tribunal de oposiciones dijera a los alumnos qué preguntas se les van a hacer y «los tribunales, necesariamente, anularían la oposición y obligarían a volver al punto de partida».

Para el alcalde de Zaragoza, esa es la consecuencia «evidente» que puede haber si se confirma que esta persona asesoró al jurado, porque «no es un problema de un voto de trece», sino que una de las ciudades ha tenido una serie de informaciones que no han tenido las demás, «con lo cual, contamina al conjunto del jurado».

Belloch ha apoyado expresamente la investigación iniciada por la ministra de Cultura, Ángeles González Sinde, con quien habló ayer del asunto y esta le aseguró que está dispuesta a llegar «hasta el fondo» para comprobar si los hechos son ciertos, porque sería de una «evidente gravedad».

En ese caso, desde el propio Ministerio, sin necesidad de recurrir a los tribunales, debería anularse el proceso y pedir a la Unión Europea que hago lo mismo respecto de los miembros del jurado elegidos por los órganos europeos, ha opinado Belloch, quien ha indicado que si confirman los hechos, «no habrá dudas» tampoco para San Sebastián, que los ha negado.

«Es un verdadero escándalo, si esto se comprueba que es cierto, que perjudica la imagen global de las ciudades españolas» y de la Capitalidad Europea de la Cultura, sería «muy negativo para España», y por eso ha pedido a González Sinde que acelere «al máximo» la investigación para «acabar cuanto antes con una sombra de sospecha tan importante como la que hoy existe».

Belloch, quien no se ha puesto en contacto con ningún alcalde de las ciudades candidatas, ha destacado que «por fin» se ha redactado el texto del acuerdo del jurado, que alude exclusivamente a razones técnicas, que son las que impone la normativa, y reconoce el «error» del presidente, porque «no hay una sola línea que hable del cese de la violencia o de su contribución a la paz» y demuestra que Zaragoza tenía «razón» y que la justificación que dio era «ilegal».

Constatada esa «rectificación» del jurado, ha indicado Belloch, el acuerdo no puede ser objeto de impugnación porque los servicios jurídicos entienden que «no tiene pegas posibles alegables desde un punto de vista jurídico».


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