El fiscal pide que se archive la investigación de la muerte de Enrique Morente

El fiscal ha pedido hoy el sobreseimiento provisional de la investigación judicial abierta sobre el fallecimiento de Enrique Morente, ocurrido en la clínica de La Luz de Madrid el 13 de diciembre de 2010 tras una operación. En su informe, el fiscal afirma que «no ha quedado debidamente acreditada la comisión por parte de ninguno de los imputados de conducta delictiva alguna». Además, sostiene que «no puede imputarse a los distintos profesionales médicos que intervinieron en las fases de diagnóstico, tratamiento y cuidado» de Morente «una acción u omisión contraria a las normas de la lex artis (buena práctica médica) que fuese la causante del fallecimiento del paciente».

Tras el fallecimiento del cantaor, a los 67 años, una semana después de ser operado por segunda vez de un cáncer de esófago, su familia presentó una denuncia por presunta negligencia médica. La familia acusa a los responsables médicos -encabezados por el doctor Enrique Moreno- de imprudencia profesional con resultado de muerte, falsificación de documento oficial y abandono sanitario, ya que considera que no se atendió a tiempo al cantaor.

El forense del juzgado de Instrucción número 52 de Madrid, que investiga el fallecimiento del cantaor a petición de la familia, había concluido en su informe, presentado en enero, que la actuación médica proporcionada a Enrique Morente en la clínica madrileña en la que murió fue «la adecuada».

En su escrito, notificado hoy a las partes. el fiscal afirma que «confiere especial relevancia» a ese informe del médico forense ya que se trata de «un profesional al servicio de la Administración de Justicia de cuya imparcialidad y competencia no hay motivos para dudar». Según ese informe y otras pruebas periciales, el postoperatorio de Enrique Morente se desarrolló inicialmente «con total normalidad» e incluso el paciente «fue extubado a las pocas horas de la operación» e «hizo ejercicios respiratorios sin complicación alguna». «La existencia de una posterior rotura de una arteriola no puede considerarse como una mala praxis médica puesto que se trata de una de las posibles complicaciones y como tal constaba en el consentimiento informado cuando se hablaba de riesgo de hemorragias», precisa el fiscal.

En cuanto a la atención que el cantaor recibió en la UCI, otro de los extremos denunciados por la familia, el fiscal señala que «no hay indicios para pensar» que la actuación de los profesionales encargados de su cuidado «se alejó de la lex artis». Los síntomas que presentó el paciente tras la primera operación -diuresis justas, disminución de la saturación de oxígeno y cierta distensión abdominal- no eran «suficientes ni relevantes de la existencia del sangrado interno» que se le produjo.Unas conclusiones ratificadas por varias de las pruebas periciales practicadas durante la investigación, incluida la realizada a petición de la acusación particular por cuatro médicos que consideraron que en la UCI «se siguieron los protocolos de vigilancia adecuados».

Por todo ello el fiscal considera que la actuación de los facultativos de la UCI en la vigilancia y tratamiento de Morente durante el postoperatorio de la primera operación «fue adecuada». No infringieron el deber de cuidado del paciente y con su conducta no se creó un riesgo previsible y evitable, por lo que no se dan los requisitos legales para imputar a los médicos intensivistas de la UCI «el delito de homicidio por imprudencia profesional que ha sido objeto de investigación».