Arqueólogos en pie de guerra

«Las operaciones de explotación, rastreo, localización y extracción de buques de Estado españoles naufragados o hundidos requerirán autorización de la Armada, que ostenta competencias plenas para su protección». Este texto, el de la discordia, corresponde al artículo 382.2 del anteproyecto de Ley de Navegación Marítima, que deja en manos de la Armada la gestión de los barcos hundidos y los tesoros que pudieran contener. A día de hoy, las competencias son del Ministerio de Cultura, pero en Galicia están transferidas a la Consellería de Educación e Cultura.

El anteproyecto ha puesto en pie de guerra a los arqueólogos submarinos, que no están de acuerdo con que sea una entidad militar la que decida en qué casos se puede investigar y quiénes deben hacerlo.

«No tiene sentido que la Armada intervenga en la gestión del patrimonio cultural. Entre otras cosas, porque carece de personal cualificado para hacerlo», argumenta Miguel San Claudio, arqueólogo subacuático y responsable de la firma Archeonauta. Agrega que «solo países del tercer mundo hacen esto, pero ninguno de nuestro entorno, como Alemania, Francia, Italia o el Reino Unido».

San Claudio considera que la entrada de la Armada puede interpretarse como «la incapacidad de España y de Galicia para gestionar su propio patrimonio cultural submarino». En Galicia, prosigue, «está completamente abandonado, sin un organismo específico que lo controle». Esto es «muy llamativo» por tratarse de «una de las áreas con mayor riqueza del mundo». Un bien patrimonial que «no se gestiona» y que podría dar lugar «al mejor museo de historia marítima del planeta».

Xavier Nieto, exdirector del Museo Nacional de Arqueología Subacuática, va más allá cuando pone de relieve una contradicción entre la nueva norma y la Ley de Patrimonio Histórico, que «confiere a las instituciones culturales la protección y el estudio de los pecios». Por eso cree que «lo primero que pasará con la nueva ley es que algunas autonomías presentarán recursos de inconstitucionalidad».

Para los arqueólogos supondría «un retroceso importante en los trabajos de investigación», y por eso cree Nieto que es preciso «que el texto normativo distinga con claridad entre la tarea de evitar el expolio y la decisión de quiénes y cómo deben realizar los trabajos y las investigaciones», pues han de estar en manos «de arqueólogos y técnicos en patrimonio cultural».

Fuentes del Ministerio de Defensa consultadas por La Voz de Galicia manifestaron que «es prematuro» evaluar «algo que todavía no ha sido aprobado, que se va a debatir en el Congreso» y que, por tanto, «podría cambiar». Con todo, recuerdan que el texto precisa que habrá «colaboración con los técnicos de Patrimonio». «En cualquier caso, la Armada hará lo que le manden», concluyen las citadas fuentes. Este periódico consultó también sobre el asunto a la Consellería de Cultura, pero sin obtener respuesta alguna por el momento.