El exgerente de la Fundación Cela recibió 150.000 euros por despido

El Juzgado número dos de Padrón llamará a declarar a la técnico de Hacienda que realizó un informe sobre las cuentas de la Fundación Camilo José Cela de Padrón, a raíz de la denuncia presentada en junio del 2012 por la Fiscalía de Santiago con la documentación facilitada por la vecina de Iria-Flavia Lola Ramos, que durante años alertó de supuestas irregularidades económicas en la gestión de la entidad cultural.

La técnico de Hacienda entregó su informe en septiembre y ahora deberá comparecer para esclarecer datos de su contenido. Lola Ramos destaca del documento que la propia perito señala que hay una parte, desde 1998 hasta el 2006, que no ha investigado a fondo porque estaría prescrita en lo que a Hacienda se refiere. Por tanto, el período de investigación sería desde el 2006 hasta el 2010, año en el que se disolvió la sociedad Lengua y Literatura AIE que, según el informe de Hacienda, fue creada en el año 1998 para «recuperar las cuotas soportadas del IVA que constan en las facturas de rehabilitación y equipamiento» de las casas número 5 y 8 de los canónigos, sede de la fundación en Iria-Flavia. El informe recoge, además, según informaciones de Lola Ramos, que la Fundación Cela tendrá que devolver la cantidad de 194.553,34 euros a diversos organismos, como Ministerio de Educación y Cultura, Xunta o Diputaciones, que le concedieron subvenciones. «Al concluirse la devolución y cobro del IVA, el importe de las subvenciones recibidas excede el coste para el que han sido destinadas, debiendo ser reintegrado el exceso», según consta en el informe de la técnico.

Con la documentación que posee, Lola Ramos mantiene que Marina Castaño «hacía y deshacía a su antojo ciertos movimientos de las cuentas de la fundación, sin contar con la aprobación de los patronos». Y aporta datos. Según los documentos que guarda, la viuda de Cela decidió subirle el sueldo al que fue gerente de la fundación, Tomás Cavanna, «sueldo que ya era muy superior a 6.000 euros al mes», de acuerdo con Ramos.

Esta añade que Marina Castaño autorizó en el año 2004 una gratificación por resultados de 12.000 euros al exgerente y, posteriormente, la «desorbitada suma de 150.000 euros que le otorgó por decisión propia a Cavanna por su despido», una vez que Marina Castaño consideraba que los «servicios prestados» a la fundación por el exgerente «le hacen merecedor de una ilimitada generosidad», según consta en la documentación que tiene Lola Ramos. El despido se efectuó antes de que la Xunta asumiese la titularidad de la fundación y la convirtiese en pública. Todo ello, recuerda Lola Ramos, con dinero público en su mayor parte, ya que la fundación recibía por entonces cuantiosas subvenciones de organismos oficiales.

Castaño pide el sobreseimiento libre

La representación legal de Marina Castaño presentó en diciembre en el Juzgado número dos de Padrón un escrito solicitando el sobreseimiento libre de la viuda de Cela y el archivo de la causa. Pero el abogado de Lola Ramos, Xosemaría Rodríguez, formuló otro escrito en contra de esa petición. Es previsible que, una vez que declare la perito, el juzgado cite a los imputados, entre ellos Marina Castaño. Esta difundió un comunicado defendiendo su gestión al frente de la Fundación Cela, que presidió tras la muerte del escritor, y en el que recordó que las cuentas de la entidad «fueron auditadas anualmente» y que Hacienda hizo tres informes, «ninguno de los cuales se desprende que haya cometido ningún delito».

Una sociedad con una «finalidad real desconocida»

Por la denuncia formulada en el año 2012 por la Fiscalía por un presunto delito de malversación de caudales públicos, el Juzgado número dos de Padrón mantiene imputadas a tres personas: la propia viuda de Cela, Marina Castaño; el ex gerente de la fundación, Tomás Cavanna Benet y el trabajador que, desde el 2005 al 2009, figuraba contratado por la entidad de Padrón aunque, supuestamente, prestaba sus servicios en la casa de Castaño en Madrid, Rubén Darío Vargas.

Pero la denuncia también detectaba base por supuestos delitos de estafa, apropiación indebida y fraude fiscal, por el supuesto desvío a una sociedad privada de las devoluciones del IVA de la Fundación Cela, que está exenta de tributación, así como por cargar a esta gastos privados.

Así, en la querella del fiscal consta que la sociedad Lengua y Literatura AIE, constituida con un 80 % de capital aportado por la Fundación Cela y un 20 % por Castaño a través de otra sociedad llamada Letra y Tinta, «tenía una finalidad real desconocida, que pudiera encubrir devoluciones de IVA, así como para cargar los gastos de la fundación a nombre de la referida sociedad». Así, esa entidad pudo haber gestionado las subvenciones de la fundación y abonado las facturas de la misma, de manera que habría obtenido grandes cantidades de dinero en concepto de devolución del IVA que, por ley, no le correspondía a una entidad sin fines lucrativos.

En el registro realizado en la sede de Iria por parte de la policía «constan documentos que prueban desvíos de dinero de la cuenta de la AIE Lengua y Literatura a las de la Fundación Camilo José Cela y al contrario», según la documentación que tiene Lola Ramos.

A mayores, la Fiscalía tiene denunciada la supuesta contratación de empleado por parte de la fundación padronesa que ejercería su labor profesional en el ámbito privado, como el caso de la persona que figura como ordenanza y que, supuestamente, trabajaría en la casa particular de Marina Castaño en Madrid.