Villar, imputado por prevaricación, malversación y apropiación indebida

En la antesala de las elecciones a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), los frentes judiciales se multiplican para Ángel María Villar, que ha sido imputado (al igual que la propia RFEF, que acudirá como persona jurídica) por los delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y apropiación indebida.

Es de especial relevancia que además de la querella impuesta por el candidato a la presidencia de la RFEF, Miguel Ángel Galán, la Fiscalía Anticorrupción haya denunciado también a Villar respecto al uso injustificado de 1,2 millones de euros que el CSD había concedido a la RFEF para potenciar la candidatura ibérica como sede de la Copa del Mundo del 2018, que finalmente fue a parar a manos de Rusia. Igualmente, según Galán, el juzgado tiene en su poder un informe procedente del Consejo Superior de Deportes (CSD) sobre este asunto.

Miguel Ángel Galán, que en su momento recibió del CSD un amplio expediente sobre el caso Haití, pidió al juzgado que investigase el destino de 219.000 euros que deberían haberse utilizado para un proyecto de desarrollo futbolístico en Haití. La Fiscalía Anticorrupción decidió ampliar la investigación a otros tres montantes de dinero. Unos 287.000 euros para otro proyecto internacional de tecnificación, 254.000 euros más para formación de gestores deportivos en América y 462.000 euros con los que se deberían haber construido escuelas de fútbol en África y América.

Sin justificación adecuada

Dado que Villar no ha podido justificar adecuadamente el destino del dinero, el juzgado de Primera Instancia número 4 de Majadahonda ha admitido a trámite las denuncias y dio traslado a la Fiscalía Anticorrupción.

En enero, Villar devolvió al Estado 1,2 millones (más 300.000 euros de intereses), de modo que admitía implícitamente que el anterior presidente del CSD, Miguel Cardenal, tenía razón al iniciar la investigación y el procedimiento de reintegro. Con ello, también intentaba atenuar el castigo por posibles delitos.

En este caso, el juez decidió imputar tanto a Villar como a la RFEF para que aclaren el destino del dinero público y para investigar si se cometieron los delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y apropiación indebida.

Según Miguel Ángel Galán, el número de imputados por el caso de las subvenciones no justificadas podría aumentar, a consecuencia de lo reflejado en el informe del CSD.

Ángel María Villar ya tuvo que declarar durante cinco horas en el juzgado de Instrucción número 5 de Majadahonda por el caso Recre delante de la jueza y de las fiscalas anticorrupción Esther González e Inmaculada Violán, que en aquella ocasión se habían mostrado muy incisivas en su interrogatorio.

El presidente de la RFEF se eximió de toda responsabilidad y culpó a Jorge Pérez (candidato rival a la presidencia de la RFEF) y al entonces secretario de la comisión de Segunda B, Marcelino Maté, de haber autorizado los pagos y las ayudas al Recreativo y al Marino.