«La Justicia dará a cada uno lo suyo» en el caso Gescartera, según el tribunal que dejó el juicio visto para sentencia

El juicio del caso Gescartera uno de los escándalos financieros más paradigmáticos sucedidos en España, quedó ayer visto para sentencia tras disfrutar los 14 acusados de un último turno de palabra, si bien la sentencia no estará lista hasta la próxima Semana Santa. No obstante, el broche final a esta esperada vista oral, que ha durado casi tres meses y medio (40 sesiones), lo puso el tribunal de la Audiencia Nacional, que aseguró que «la Justicia dará a cada uno lo suyo».

La frase en si no es ninguna sorpresa, pero tampoco es habitual escucharla por parte de los magistrados. La presidenta del tribunal, Carmen González Campos, la utilizó de manera intencionada para responder a las defensas de Caja Madrid y La Caixa, acusadas como responsables civiles por su supuesta permisividad con los manejos de los ex responsables de la agencia de valores. Sus abogados habían sostenido la víspera que se las había imputado en este caso porque son entidades «solventes», que podrán pagar las deudas multimillonarias que reclaman los cerca de 4.000 perjudicados.

Resolución en marzo

Los jueces prevén que tardarán en elaborar su fallo casi el mismo tiempo que se ha empleado en las sesiones del juicio, de modo que su contenido no se conocerá hasta la tercera semana de marzo.

Será entonces cuando se sepa si la Justicia se ha creído el alegato exculpatorio del ex dueño de Gescartera, Antonio Camacho, quien ayer abundó en lo ya apuntado días atrás por sus abogados: que su empresa era «un proyecto viable», que él y sus allegados perdieron más de 19 de millones para «reflotarla», y que la agencia estaba a punto de venderse cuando la Comisión Nacional del Mercado de Valores la intervino en junio del 2001 y ahuyentó al posible comprador, el Banco Zaragozano presidido entonces por Alberto Cortina.

Del resto de acusados, lo más reseñable fueron las palabras del ex número dos de Gescartera, José María Ruiz de la Serna, quien lejos de admitir cualquier culpa afirmó que no se había «detraído» cantidad alguna de los clientes, e incluso que se les habían pagado 13,8 millones de más. No obstante, la Fiscalía Anticorrupción solicita para él y Camacho las penas más altas (11 años de prisión). Además, el ministerio público reclama una responsabilidad civil que podría elevarse hasta los 94,2 millones de euros, pues a los 50 millones en que los peritos del Banco de España cifraron el agujero de la agencia habría que unir otras aportaciones reconocidas por la sociedad en los balances junto a las revalorizaciones prometidas a sus inversores.