Arzalluz, Urkullu y Egibar declararán a petición propia en el sumario del impuesto revolucionario de ETA

Varios de los actuales y pasados dirigentes del PNV comparecerán el próximo mes de mayo a petición propia en la Audiencia Nacional dentro del sumario que investiga la estructura de cobro del llamado 'impuesto revolucionario' de ETA.

El juez escuchará el próximo 19 de mayo en su despacho al actual presidente del PNV, Iñigo Urkullu; al ex presidente Xabier Arzalluz y al líder peneuvista de Guipúzcoa, Joseba Egibar, entre otros. Los tres dirigentes encabezan un grupo de notables del PNV que han solicitado testificar en la causa para tratar de convencer al instructor, Baltasar Garzón, de que su compañero de partido e imputado en el sumario, Gorka Aguirre, no ha cometido delito alguno. Entre los citados también están los nacionalistas José Antonio Rubalkaba, Arantza Isasmendi y José María Zalbidegoitia.

El PNV ya se movilizó en junio del 2006 cuando Aguirre fue detenido, y el entonces presidente del partido, Josu Jon Imaz, y Urkullu le acompañaron hasta la puerta del despacho en el que el juez le tomó declaración en Bilbao. A la salida, decenas de militantes nacionalistas le esperaban para mostrar su solidaridad y apoyo, capitaneados por el propio Arzalluz.

Las citaciones, aprobadas por el juez, se hacen a petición de la defensa de Aguirre, que busca que el magistrado retire la imputación de colaboración con banda armada que pesa sobre su cliente o que, al menos, cuando se cierre la investigación, el ex responsable de relaciones internacionales del PNV no forme parte de la lista de procesados que se sentarán en el banquillo.

Grabaciones comprometedoras

Aguirre fue imputado a raíz de la redada que, a partir del 20 de junio de 2006, desmontó las redes que ETA tenía en España y Francia para el cobro del llamado impuesto revolucionario, y que acabó con la detención de casi 20 personas en ambos países. Según las investigaciones, la red tenía su epicentro en el bar Faisán de Irún (Guipúzcoa) y estaba coordinada por el propietario del local, Joseba Elosúa. Desde allí, según las mismas fuentes, se distribuirían las cartas de extorsión a los empresarios, se negociaban los pagos y se canalizaban hacia la red francesa.

Dentro del sumario hay al menos cuatro conversaciones telefónicas grabadas entre Aguirre y Elosúa y otra serie de indicios de los que los investigadores deducen la labor de intermediario en el pago de la extorsión del militante del PNV. Aguirre está en libertad bajo fianza de 12.000 euros.