La futura ley de cajas obligará a renovar los órganos en un plazo de siete meses

Coincidentes las tres fuerzas políticas en la necesidad de aprobar con urgencia una nueva ley de cajas de Galicia, el Parlamento debatirá el 30 de diciembre el texto final que regulará el funcionamiento de las entidades de ahorros de la comunidad, un marco legal que de esta forma entraría en vigor a inicios de enero, tras su publicación en el DOG y sin necesidad de filtros previos en órganos consultivos. Hay coincidencia también entre PP, PSOE y BNG para que, por primera vez, la Xunta o el Parlamento gallego tengan una representación directa en los órganos de gobierno (consejo de administración y comisión de control) de las entidades, una posibilidad con la que ya cuentan otras comunidades. Donde no hay consenso aún es el porcentaje que tendrá esa representación del poder autonómico. La idea del BNG -cuyo texto servirá de base para que PP y PSOE presenten enmiendas- es que se cuente al menos un 20%, lo que equivaldría a entre 3 y 4 miembros en el consejo de administración. El PSOE sugiere un porcentaje ligeramente superior, sobre el 25%, mientras el PP aún no se ha pronunciado. Esa presencia se hará, previsiblemente, recortando el peso que en la actualidad tienen las entidades sociales, donde hay un espectro muy variopinto.

Esta novedad introduce un elemento de presión a las cajas en un momento en el que desde la Xunta se les urge a presentar una solución común antes del 1 de diciembre; por el momento, solo se ha producido una reunión entre técnicos de Caixanova y Caixa Galicia, la de la mañana del miércoles, con la mediación de la Consellería de Facenda.

Además de esa presencia directa del Gobierno gallego en la cúpula de las financieras, el documento que servirá de base para las deliberaciones establece una renovación de los órganos de gobierno de las dos cajas seguidamente a la aprobación del nuevo marco legislativo. También en este punto hay un cierto consenso entre los partidos, aunque las propuestas finales de cada formación política no se verán hasta mediados de diciembre, cuando cada una presente las enmiendas al texto inicial del Bloque.

Siguiendo el calendario previsto, tras la aprobación de la ley las cajas tendrán tres meses para adaptar sus estatutos y, una vez que estos los autorice la Consellería de Facenda, otro mes para iniciar los trámites de su renovación. Antes de que pasen 90 días más, el proceso tendrá de haberse completado.

El calendario

Si estos pasos se llevan a cabo con la misma celeridad con que se quiere aprobar la ley -la intención es que entre en vigor a inicios de enero-, en julio o agosto tendrían que estar presentadas las nuevas direcciones de las cajas. Y si se cumple otra de las máximas del documento del BNG admitido a trámite por el Parlamento, los cambios pueden ser profundos. Porque ese texto rebaja la edad máxima de los asambleístas, es decir, de aquellos entre los que se elige luego a los miembros del consejo de administración. La actual ley gallega habilita hasta los 75 años la edad como elegible; la propuesta lo rebaja a los 65. Esta misma cifra es la que marca como tope para la retirada del director general de cada caja; en la actualidad esa facultad se deja a criterio de cada caja (Caixanova lo deja en 65, Caixa Galicia, en 70). Pero es este un punto en el que aún no hay acuerdo.