Merkel persiste en implantar un impuesto nuclear al que se opone la industria

La canciller alemana, Angela Merkel, persiste en su plan de implantar un impuesto atómico para compensar las ganancias derivadas de una ampliación de la vida de las centrales nucleares, en contra del parecer de la industria del sector, que lo considera un lastre económico.

Así lo indicaron fuentes gubernamentales al término de la reunión mantenida entre la jefa del Gobierno y representantes de cuatro grandes consorcios energéticos, en la que se abordó esa cuestión.

El encuentro se realizó «en un clima constructivo», en el que se intercambiaron opiniones acerca de esa y otras cuestiones, y en el que Merkel dejó claro que persistía en su plan respecto a la nueva tasa.

La industria del sector considera que tal impuesto «pone en peligro el despegue económico», según advirtió Christopher Grünewald, experto en clima de la Asociación de la Industria Alemana (BDI), antes de abrirse la reunión.

«El despegue no se produce solo», afirmó Grünewald, recogiendo las críticas de la BDI ante la prevista implantación de esa tasa, como parte del paquete de ahorro del gobierno de Merkel.

Los empresarios alemanes exigen una prolongación de la vida de los reactores atómicos existentes, cuestión en proceso de discusión por parte de la coalición de centro-derecha de Merkel.

Un estudio de la Asociación de la Industria establece, sin embargo, que ampliar el periodo de vida de las centrales nucleares hasta 2030 conllevará unos gastos estimados de 260 millones de euros (319 millones de dólares).

De acuerdo con los cálculos del Gobierno alemán, el impuesto sobre el combustible nuclear aportaría cada año 2,3 millones de euros (2,8 millones de dólares), independientemente de la ampliación de la vida de las centrales.

El líder del Partido Socialdemócrata (SPD), Sigmar Gabriel, exige que parte de los impuestos contribuyan a sanear las degradadas centrales de Asse y Morsleben.

«Durante décadas los consorcios nucleares las han dejado abandonadas y con un mantenimiento barato», denuncia.

Por su parte, Bärbel Höhn, de Los Verdes, asegura que, «incluidos los impuestos, los consorcios con energía nuclear tendrán un margen de beneficios entre el 100 y el 400 por ciento».

Poco antes de la reunión con los consorcios, el Gobierno rechazó las críticas de los empresarios por boca de su portavoz, Ulrich Wilhelm.

«El Ejecutivo adoptó el punto de vista más correcto», señaló.

La organización ecologista Greenpeace exige que el impuesto nuclear pase de los 1,5 céntimos por kilovatio/hora hasta los 2,5, lo que aumentaría los ingresos desde los 2,3 millones de euros hasta los 3,5 millones.

El aplazamiento del llamado «apagón nuclear» conllevará replantear el calendario de cierre de las centrales acordado bajo el gobierno entre socialdemócratas y verdes del canciller Gerhard Schröder, en 2000.

Alemania aprobó entonces eliminar progresivamente en 22 años las 19 centrales nucleares que existían, de las que quedan 17 en funcionamiento.