La avalancha de quiebras satura los juzgados y condena a las empresas

La avalancha de quiebras de empresas que están llegando a los juzgados de Galicia desde que comenzó la crisis económica está empezando a causar sensibles retrasos en muchos procedimientos, hasta el punto de poner en peligro el futuro de aquellas sociedades que acuden al concurso de acreedores (la antigua suspensión de pagos) con la esperanza de encontrar en la Administración de Justicia un último resquicio de viabilidad.

La ley obliga a los empresarios a solicitar el concurso cuando constaten su incapacidad para hacer frente a sus pagos y obligaciones contractuales, y establece que el juez debe resolver sobre su petición «en el mismo día o, si no fuera posible, en el siguiente hábil» al de la solicitud. Esa decisión es fundamental, porque, si es positiva, a partir de entonces la actividad de la empresa queda bajo tutela del juez y de los administradores concursales que designe, y que se encargarán de hacer de enlace entre el magistrado, la empresa en cuestión y sus acreedores.

Visto bueno

La declaración del concurso es pública, y aunque supone el reconocimiento de que la empresa atraviesa por serias dificultades, también permite a clientes y proveedores saber que el saldo las deudas que contraiga desde entonces está asegurado, ya que la administración concursal solo les dará su visto bueno si la situación de financiera de la compañía lo permite. El problema surge cuando la declaración tarda más de lo debido, porque las deudas contraídas antes de ese trámite no gozan de la misma garantía.

«En Galicia se están dando retrasos de hasta quince días, incluso de varias semanas, y en Madrid hasta de tres meses», asegura un economista coruñés, que ejerce de administrador en varios procedimientos y que explica, tras solicitar que no se le identifique, que la culpa de que muchas firmas estén en ese limbo temporal no es de los jueces, ni de los secretarios, ni de los funcionarios de los juzgados, sino de la falta de medios para atender a una situación excepcional.

Añade que se trata de «un círculo vicioso», en coincidencia con la versión de un compañero abogado y también administrador: «Una empresa concursada puede seguir funcionando, renegociar sus deudas y, tal vez, salir adelante. Pero si los proveedores saben que hay riesgo de quiebra y no tienen garantía de pago, no le servirán los bienes y servicios que precisa, ni los bancos le darán crédito alguno. Y si la empresa no puede seguir con su actividad justo cuando más lo necesita, su situación puede volverse irreversible».

8.800 procesos en España

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), entre octubre del 2008 y octubre del 2010 pasado se iniciaron en Galicia un total de 554 procedimientos concursales -son más de 8.800 en toda España-, es decir más del doble de los que se registraron en todo el cuatrienio anterior, desde octubre del 2004 a septiembre del 2008. El INE no dispone de datos de los últimos meses del 2010, pero la Administración judicial reconoce que el cierre del ejercicio fue incluso peor que el del 2009.

En Galicia funcionan cinco juzgados de lo Mercantil, dos en A Coruña, dos en Pontevedra y uno en Vigo. Un ejemplo paradigmático es el número dos de Pontevedra, cuyos datos son extrapolables al resto de órganos de las Rías Baixas debido al reparto de asuntos que se lleva a cabo entre ellos. En diciembre del 2009 registró siete concursos, una cifra que ya se alcanzó en el del 2010 solo en la primera quincena del mes. Aun así, sus responsables aseguran que no se puede hablar, ni mucho menos, de colapso. «Se están llevando al día», afirman.

En cuanto a los juzgados coruñeses, que reciben buena parte de todos los procedimientos que se inician en Galicia, también notan la sobrecarga de final de año. El número uno lleva la quiebra de Martinsa-Fadesa, una de las suspensiones de pagos más complejas de Europa. Y el número dos se enfrenta a una delicada situación: la jueza titular se encuentra de baja, y su sustituto se enfrenta a una investigación del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia por presuntas irregularidades en el nombramiento de administradores concursales en otros dos procedimientos.