Inditex deja la construcción naval por la paralización del «tax lease»
Economía
El grupo llegó a tener participación financiera en una decena de navieras
19 Oct 2012. Actualizado a las 07:00 h.
La suspensión desde junio del 2011 del sistema de bonificaciones fiscales para la construcción de buques o impuesto de arrendamiento -también denominado tax lease- ha provocado la desaparición, en el último año, de una decena de navieras, constituidas por grandes grupos empresariales como asociaciones de interés económico (AIE).
El grupo gallego Inditex ha participado desde el año 2002 en el proceso de financiación de buques. Pero el cese de la actividad constructiva por falta de una alternativa al sistema que permanece expedientado por Bruselas -a raíz de una denuncia de Holanda, Noruega, Francia, Finlandia y Portugal por presunta vulneración de la competencia-, ha llevado a la multinacional a apartarse prácticamente por completo del negocio. «Se trataba de una participación puramente financiera, en la que Inditex siempre ha tenido un peso minoritario (inferior al 50 %) y limitada al tiempo de construcción de cada buque», explica la multinacional.
Recuerda el grupo gallego que el interés por participar en el régimen de tax lease no partió de Inditex, sino que la fórmula se articuló desde el Gobierno y se ofrecía a empresas con músculo financiero para participar en ella.
Exenciones fiscales
En el último ejercicio se han liquidado ocho agrupaciones de interés económico (AIE) en las que la compañía aún participaba, todas ellas domiciliadas en Canarias. Las últimas fueron disueltas en agosto pasado: Naviera Berlín, Naviera Covadonga, Naviera del Guadiana y Naviera Venus. Todas ellas fueron creadas entre los años 2001 y 2002.
Además de las firmas gallegas Inditex y Aluminios Cortizo, otros grupos como Mango o Ikea han participado en varias AIE para la financiación de muchos nuevos barcos en astilleros de toda España a través de bancos y cajas. El Santander fue el más activo. Banco Popular, Banesto, Pastor y las antiguas cajas gallegas ofrecían a grandes empresas este producto financiero. El beneficio mínimo en reducción de impuestos llegaba en la mayoría de los casos al 20 o el 30 %, lo que, según fuentes del sector, se traducía en unas exenciones fiscales del orden de entre 3 a 4,5 millones de euros por operación, e incluso más, según el coste final del barco contratado.