De Guindos asegura que el código bancario de desahucios está dando resultados

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, rechazó hoy las acusaciones del PSOE de que el Código de Buenas Prácticas Bancarias para casos de desahucios ha sido un «fracaso», e indicó que en los próximos días informará de sus resultados en el Congreso.

El tema de los desahucios y también la venta de preferentes, por parte de las entidades bancarias, fue el tema central de la discusión que De Guindos mantuvo en la sesión de control del Gobierno con el diputado socialista, Valeriano Gómez.

El ex ministro socialista se quejó de que durante la última tramitación en el Congreso de la reforma financiera, los grupos de la oposición han presentado 103 enmiendas, y solo una fue aceptada por el partido mayoritario, el Popular. «El problema no es que se rechazaran las enmiendas del PSOE. El problema es que se aprobaron destinar 60.000 millones para recapitalizar la banca, y nada para los estafados de las preferentes, ni para los centenares de miles de personas que están afectados por los desahucios».

Valeriano Gómez señalo que este año serán 100.000 familias las afectadas por los desahucios, y el próximo año el doble, 200.000, sin que haya tenido un impacto el Código de Buenas Prácticas que ha asumido la banca. «Ya dijimos que sería un fracaso», comentó el diputado. El ministro, por su parte, recordó que el Gobierno está negociando con Bruselas una solución para las personas que tienen sus ahorros atrapados en participaciones preferentes, y reconoció la sensibilidad que despierta el tema de los desahucios en la sociedad.

En este sentido, afirmó que el Código está dando resultados y anunció que a corto plazo comparecerá en el Congreso para dar cuenta de ellos.

El Código de Buenas Prácticas Bancarias, aprobado en marzo, obliga a las entidades que se adhieran a él a abaratar las hipotecas de las familias paradas y con bajos ingresos, o llegado el caso, a aceptar la dación en pago, que implica saldar la deuda con la entrega de la vivienda. Todo ello con objeto de evitar el desahucio, dado que las familias que estén en esta situación, aunque pierdan la propiedad de la casa, podrán permanecer en su interior durante un mínimo de dos años pagando un alquiler bajo.