El grupo de seguridad Sequor planea despedir a toda su plantilla en Galicia

El administrador concursal del grupo de seguridad Sequor acaba de presentar un expediente de extinción de 414 contratos, la mayoría de ellos en Galicia. El administrador concursal comunicó a los trabajadores, en una reunión celebrada en Lugo, a la que asistieron también los comités de Pontevedra y de A Coruña, la intención de romper la relación laboral con las plantillas.

Los trabajadores de Sequor en Galicia protagonizaron en los últimos meses movilizaciones para reclamar el pago de sus salarios. A la mayoría de los 80 empleados de la provincia de Lugo les adeudan los salarios desde el mes de noviembre. A parte de la plantilla que prestaba servicios en organismos oficiales como la Diputación de esa provincia, la Xunta, Alcoa o el centro comercial Las Termas, les abonaron la nómina del mes de noviembre ante las presiones realizadas por los trabajadores. Buena parte de las Administraciones rescindieron el contrato y el servicio se lo presta ahora otra empresa del sector, que subrogó las plantillas. Fuentes consultadas señalaron que no va a resultar fácil que el ERE se firme con acuerdo sindical.

La empresa tiene reconocida una deuda de la Generalitat de Cataluña de 17 millones de euros.

Origen lucense

El grupo Sequor se creó en septiembre de 2010, como consecuencia de la fusión de varias empresas, entre ellas la lucense Cetssa, creada por el expresidente de la Cámara de Comercio, Alfredo Mosteirín, fallecido hace más de un año.

En la documentación del expediente que recibieron los representantes de los trabajadores figura que nueve personas que forman parte del consejo de administración de esta empresa se encuentran en paradero desconocido. También tuvieron constancia de que existe una cuenta con 700.000 euros que está embargada por la empresa Esabe, que es del mismo propietario que Sequor.

La intención del administrador concursal durante una reciente esta semana en Lugo fue la de iniciar el período de consultas del ERE. Sin embargo, no fue posible debido a que acudió sin la documentación de la empresa, que quedó de remitir a los representantes sindicales.

El concurso de acreedores lo tramita el Juzgado Mercantil 9 de Barcelona, que el 27 de febrero nombró oficialmente administrador a Pedro Juez Martel.