La Audiencia Nacional rechaza 180 denuncias de afectados de Vigo

Los afectados por las preferentes de Vigo-Val Miñor van a presentar en la Fiscalía de Vigo documentos que, según ellos, probarían la implicación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en la venta de estos productos. Entran en el ámbito penal porque, así, los preferentistas evitan que un juez de Vigo archive las 180 denuncias que presentaron en el juzgado de guardia el 9 de enero. El magistrado les da un breve plazo para que presenten más pruebas después de que la Audiencia Nacional se negase esta semana a asumir la investigación.

El juzgado de Instrucción número 2 de Vigo pidió a la Audiencia Nacional inhibirse en la tramitación de las 180 denuncias por estafa contra los consejos de administración de las cajas gallegas, la CNMV y el Banco de España, un asunto que excedía el ámbito local. Pero la Audiencia Nacional devolvió los expedientes porque no se ve competente para estudiar denuncias que ve ambiguas y que no señalan hechos concretos.

Para enmendarlo, uno de sus portavoces, Xosé Manuel Estévez, pedirá el martes autorización a la asamblea de los afectados para aportar a la Fiscalía de Vigo, con la que ayer se reunió hora y media, contratos de depósito y de administración de valores, órdenes de compra, y test de idoneidad falseados que aprobaban la venta de productos de alto riesgo a clientes que no cumplían el perfil. Al fiscal le enseñó un folleto de 50 páginas que los bancos debían entregar a los clientes que adquirían preferentes para que entendiesen el producto. «Obviamente, si se lo dieron a alguien, no ha entendido nada», dijo. Tienen testimonios como el de un guardia civil al que, supuestamente, le firmaron un contrato sin contar con él y que el propio director de la oficina revocó.

La documentación será presentada por afectados que han recuperado el dinero, así no paralizarán otros procesos. Esperan que la Audiencia Nacional investigue actuación de la CNMV y el Banco de España.

«La Comisión de Valores ejercía de policía e hizo la vista gorda, los bancos hicieron una estafa y la Xunta, a través del Instituto Galego de Consumo, autorizó la emisión de contratos sin verificar su idoneidad», dijo Xosé Manuel.